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El abogado Andrés Felipe Peláez se refirió en La FM Fin de Semana a los avances en el caso de Diana Ospina, detallando las capturas recientes, la imputación de cargos y el estado del proceso judicial en curso.
El jurista explicó que las acciones de las autoridades representan un avance dentro del caso. Señaló que se trata de un “primer paso para encontrar la justicia”, al indicar que el proceso continúa y que aún quedan etapas por desarrollarse.
Según precisó, la Fiscalía ya formuló imputaciones contra los capturados. Indicó que se imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, lo que, según dijo, ha sido reconocido por los jueces.
Peláez afirmó que los hechos no fueron ejecutados por una sola persona. Explicó que se trató de un actuar “premeditado, mancomunado y coordinado”, y señaló que se espera que las autoridades identifiquen a otros posibles responsables.
¿Por qué el caso fue tipificado como secuestro extorsivo agravado?
El abogado sostuvo que la tipificación responde a la naturaleza de los hechos investigados. Afirmó que se trata de un secuestro, calificación que, según indicó, ha sido adoptada tanto por la Fiscalía como por los jueces.
Sobre el modo de operación, explicó que se trataría de acciones organizadas. Señaló que los responsables “escogen sus víctimas al azar”, lo que implica que cualquier persona podría resultar afectada bajo determinadas circunstancias.
En ese contexto, indicó que la operación involucra a varias personas con roles definidos. Mencionó que habría participantes en distintos vehículos y otros ubicados en cajeros automáticos, lo que, según explicó, evidencia una acción planificada, aunque no dirigida a una víctima específica.
El abogado también se refirió al impacto del caso en la víctima. Indicó que ha sido una situación compleja en el plano psicológico, tanto para Diana como para su entorno familiar.
Añadió que los avances judiciales tienen incidencia en ese proceso. Señaló que el inicio de acciones judiciales representa un “aliciente”, aunque la situación personal sigue en proceso de recuperación.
¿Qué implica la aceptación de cargos y la rebaja de penas en este caso?
Frente a la aceptación de cargos por parte de algunos implicados, Peláez explicó sus efectos legales. Indicó que anteriormente el delito de secuestro extorsivo no contemplaba rebaja de pena por este mecanismo.
No obstante, precisó que la normativa cambió. Señaló que la Ley 247 de 2025 permite actualmente una reducción del 25% de la pena, distinta a la que aplica en otros delitos.
Sobre una posible relación con otros casos, el abogado indicó que no hay confirmación dentro del proceso. Afirmó que no puede establecerse una conexión, y que esa determinación corresponde a la investigación de la Fiscalía.
En relación con la reincidencia, explicó que este factor incide en las decisiones judiciales. Señaló que la reincidencia es considerada para evaluar el riesgo que representan los implicados para la comunidad.
Finalmente, indicó que este elemento fue tenido en cuenta en el proceso. Señaló que la juez adoptó medidas de aseguramiento, por lo que los implicados permanecerán privados de la libertad mientras avanza la investigación.
