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El excongresista Wadith Manzur insiste en que se anule el proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Durante el tercer día de audiencia preparatoria del juicio que se adelanta en la Corte Suprema contra el y 5 excongresistas más, cuestionó el manejo que se le dio a su expediente dentro de ese alto tribunal y denunció presuntas irregularidades en el reparto del caso.
Durante la audiencia preparatoria del juicio, Manzur aseguró que el magistrado Misael Rodríguez se habría quedado con su expediente sin respetar, según él, las reglas establecidas para la asignación de los procesos. Incluso afirmó que el caso terminó en manos del magistrado “a los trancazos”.
Según la versión del exsenador, el reparto inicial de la investigación le había correspondido al magistrado Héctor Alarcón. Sin embargo, posteriormente, el expediente fue trasladado a la Presidencia de la Sala de Instrucción, que en ese momento estaba a cargo de Misael Rodríguez.
Manzur sostiene que, cuando Rodríguez terminó su periodo como presidente de esa sala, el expediente no regresó a la dependencia que lo tenía inicialmente, sino que permaneció en su despacho.
El otro elemento que Manzur utiliza para cuestionar
Para el excongresista, este manejo habría desconocido las reglas de reparto, el principio del juez natural y sus garantías al debido proceso y a la defensa.
Sumado a eso, también aseguró que las presuntas irregularidades no serían un simple asunto administrativo y afirmó que los propios magistrados habían puesto esos hechos en conocimiento de las autoridades.
Pero hay otro elemento que Manzur utiliza para cuestionar la actuación judicial.
Sumado a eso, el senador recordó que, cuando se estudió la posibilidad de imponerle una medida de aseguramiento, el magistrado Misael Rodríguez fue el único que votó a favor de esa decisión. La propuesta no prosperó y fue derrotada por cuatro votos contra uno.
Manzur pone ese antecedente sobre la mesa dentro de sus cuestionamientos al trámite de su expediente. Sin embargo, es importante precisar que esa votación, por sí sola, no demuestra que se hayan cometido irregularidades en el reparto ni que se haya vulnerado el debido proceso.
¿De qué se le acusa a Wadith Manzur?
La Corte Suprema de Justicia lo acusó formalmente el 20 de octubre por el delito de cohecho impropio, dentro del proceso relacionado con el escándalo de la UNGRD. En el mismo expediente están involucrados otros cinco congresistas: Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
La investigación busca establecer si congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían recibido ofrecimientos de contratos para proyectos en sus regiones a cambio de respaldar operaciones de crédito público.
Es decir, la hipótesis judicial apunta a un posible intercambio de favores: apoyo político a operaciones de endeudamiento de la Nación a cambio de beneficios contractuales para determinadas regiones.
Los señalamientos hacen parte de uno de los capítulos del escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las responsabilidades individuales deberán establecerse dentro del proceso judicial.
¿Qué sigue ahora?
La defensa de Manzur insiste en cuestionar la legalidad del procedimiento y pide que se anule la actuación en su contra. Su argumento central es que el manejo y la asignación del expediente habrían afectado las garantías judiciales del senador.
Estas reclamaciones se presentan en medio de la audiencia preparatoria, una etapa en la que las partes discuten las pruebas que podrán utilizarse durante el juicio y plantean sus reparos frente al procedimiento.
Por ahora, las afirmaciones sobre presuntas irregularidades en el reparto corresponden a la versión de Manzur. El cuestionamiento debe distinguirse de una decisión judicial que establezca que esas irregularidades efectivamente ocurrieron.
El caso sigue concentrado en la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver las solicitudes que correspondan y avanzar en el proceso por los presuntos hechos de corrupción relacionados con la UNGRD.
