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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su preocupación por el deterioro de la seguridad en el departamento y pidió formalmente al presidente Gustavo Petro que autorice la asistencia militar para reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas críticas, debido al incremento de ataques y la expansión de grupos armados ilegales.
En entrevista con La FM de RCN, Rendón aseguró que la política de "paz total" promovida por el Gobierno Nacional ha generado condiciones que han favorecido el crecimiento de organizaciones criminales en Antioquia. “La paz total ha significado una sombrilla de impunidad para los distintos grupos armados organizados", señaló.
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Según él, "en Antioquia, solamente en lo que va del gobierno Petro, las disidencias de las FARC han crecido un 70% y el Clan del Golfo un 60%”.
El mandatario departamental expresó su preocupación por la gravedad de la situación, señalando que en los meses de abril y mayo se han registrado cerca de 30 ataques contra la fuerza pública, con un saldo de 11 uniformados muertos y 26 heridos, seis de ellos de gravedad.
“Yo pienso que esta situación hay que contenerla, hay que ponerle fin. Por eso le hemos solicitado al presidente de la República, en el marco del Código Nacional de Policía, la figura de la asistencia militar, para que sean las Fuerzas Militares las que le ayuden a la Policía Nacional”, indicó.
Rendón explicó que la solicitud busca que los militares realicen operaciones conjuntas, patrullajes y controles que fortalezcan la respuesta institucional ante el avance del crimen organizado.
También destacó la disminución de personal en la Policía de Antioquia como una de las causas de la vulnerabilidad actual: “Hace 15 años, la Policía Antioquia tenía más de 9.000 unidades; hoy tiene menos de 5.000. Hay municipios con solo siete o nueve policías, lo que hace imposible enfrentar con éxito a estructuras como el Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las FARC”, sostuvo.
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El gobernador también se refirió a la incertidumbre legal que enfrentan los uniformados por cuenta de la política de sometimiento del Gobierno. “El cese, así sea con un solo grupo armado ilegal, supone un mar de contradicciones. Imagínese usted un soldado o un policía: si contraviene una disposición del Gobierno Nacional puede terminar en los tribunales, y si actúa con las manos atadas, puede terminar asesinado. Es una situación bien difícil”, expresó.
Finalmente, Rendón hizo un llamado al Gobierno para que revise su estrategia de seguridad. “Ojalá el Gobierno recapacite y entienda que la paz no se consigue contemporizando con el crimen, sino arrinconando a los criminales, imponiéndola con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales”, concluyó.
