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La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de imputar cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por supuestamente desatender los requerimientos de una visita que funcionarios de esa entidad realizaron durante el mes de marzo, ha encendido la polémica en el país.
La medida de la SIC generó la reacción del Registrador Nacional, Hernán Penagos, quien, desde Cali, aseguró que sus funcionarios cumplieron con todos los requerimientos de la visita administrativa.
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“Yo creo todo lo contrario. Los funcionarios respondieron tanto las solicitudes de la Superintendencia, que hasta sus teléfonos celulares personales querían llevarse a las oficinas”, afirmó Penagos en una breve declaración.
Reacciones de los sectores políticos
Sectores políticos han advertido que la decisión de la SIC podría poner en riesgo las elecciones legislativas y presidenciales que la Registraduría está organizando para el año 2026.
“Es gravísimo que la SIC, que debe vigilar la industria y el comercio para garantizar la libre competencia, se esté metiendo en la Registraduría. Esto pone en peligro las elecciones de los colombianos. La Procuraduría les abrió investigación porque era abusivo que estuvieran haciendo esto, pero están pasando de una falta disciplinaria a un prevaricato”, dijo la senadora Paloma Valencia.
En el mismo sentido, se pronunció la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien aseguró que el “golpe duro que se está gestando contra la Registraduría pone en riesgo nuestra democracia y las elecciones de 2026”.
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También se expresó el exfiscal Francisco Barbosa, quien manifestó su “solidaridad al Registrador Nacional, Hernán Penagos, "por este ataque del gobierno contra la democracia de Colombia. Tanto hablar del golpe blando, para que sea Gustavo Petro y su gobierno quienes terminen dando ropaje jurídico a un intento de golpe contra uno de los engranajes del sistema electoral”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión de la entidad que dirige Cielo Rusinque, cuestionando: “¿Por qué algunos sectores políticos y de la prensa, al lado de Barbosa, no quieren que la Superintendencia cumpla su función constitucional en la contratación de la Registraduría?”
