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Agentes especiales de la Fiscalía General de la Nación lograron desmantelar una red criminal de dedicada a la corrupción que direccionó y se apropió de millonaria contratación destinada a la atención de la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure (La Guajira).
Tras largos meses de actividades de investigación fiscales especializados en la lucha contra la corrupción descubrieron que esta organización estaba integraba por exfuncionarios públicos y particulares.
En desarrollo del proceso penal se estableció que entre los implicados aparecían varios exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que fueron identificados como Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas.
También fueron judicializados por estos hechos los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
¿Qué había detrás de este entramado de corrupción?
La Fiscalía descubrió que los hechos irregulares que se les atribuyen están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional La Guajira del ICBF con una asociación privada entre los meses de febrero y diciembre de 2019.
De acuerdo con las investigaciones estos convenios tenían por objeto la atención de población vulnerable, incluyendo el componente de alimentación, con un enfoque diferencial.
“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista, representada por Barliza Rivera”, indicó la Fiscalía.
Los investigadores detectaron que estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes fungían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras.
El millonario detrimento que generó esta red de corrupción
Al revisar los documentos se descubrió que registraban incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones. Presuntamente, estos soportes fueron utilizados por Barlisa Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de más dinero.
De esta manera, a través del incremento en el costo del servicio de suministro de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.
Ante los graves hechos investigados, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira les formuló imputación de cargos a estos exfuncionarios del ICBF y particulares por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
