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Un juez de conocimiento de Bogotá condenó al exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, a una pena 16 años, 7 meses y 6 días de prisión por su participación en el entramado de corrupción que se originó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En el transcurso del proceso penal Estupiñan Bravo aceptó de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación propio y en favor de terceros agravado, e interés indebido en la celebración de contratos.
El juez avaló la aceptación de cargos que realizó el exfuncionario frente a dos de los delitos que se declaró culpable.
Según la Fiscalía las pruebas técnicas, documentales y testimoniales fueron contundentes para soportar el proceso penal que llevo a su condena.
La millonaria contratación que enredó al exgerente de la Corporación Yapurutú
La investigación orientada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia permitió evidenciar que Estupiñán Bravo intervino en la adjudicación de la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos.
Este contrato tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
Los fiscales establecieron que Estupiñan Bravo presentó documentación falsa que acreditaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, sustentada en una alianza comercial inexistente entre la corporación y un concesionario automotriz.
“Asimismo, participó en la gestión de desembolsos por 24.406 millones de pesos, cuando los carrotanques no estaban disponibles, debido a que se encontraban en ensamblaje”, indicó la Fiscalía General.
En desarrollo de las investigaciones y con base en las pruebas recolectadas se detectó un sobrecosto de 11.114 millones pesos, del cual, junto con el representante legal de Yapurutú, se apropió de 4.330 millones y permitió que terceros se quedaran con 6.784 millones de pesos.
A juicio por otros dos delitos
De otra parte, la Fiscalía decidió radicar el escrito de acusación y llamar a juicio a Estupiñán Bravo como supuesto autor de los delitos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
En torno a la condena emitida contra Estupiñán Bravo si su defensa lo considera podrá instaurar el correspondiente recurso de apelación para que en segunda instancia se determine si queda en firme o es revocada.
