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Dos días azuzaron cicatrices condolidas por veinte años. La biblioteca La Triada, de Yopal —la capital de Casanare—, recogió los ecos de una audiencia inédita que confrontó a un victimario con decenas de víctimas. El teniente coronel retirado Germán Alberto León Durán reconoció su responsabilidad en decenas de crímenes.
Fue la primera vez que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó una audiencia de reconocimiento tardío, una figura excepcional en la justicia transicional. A diferencia de quienes responden al llamado de la Sala de Reconocimiento y admiten su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, León Durán lo hizo años después.
Específicamente, tres años y ocho meses después. La Sala lo imputó en julio de 2022 junto a otros veintiún miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles por 303 personas asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate.
La JEP determinó que la Brigada XVI fue epicentro de “una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército” para mostrar homicidios y desapariciones forzadas como estadísticas castrenses. Bajo el mando de Henry William Torres Escalante, el oriente colombiano se tiñó de sangre.
Torres, mayor general, se convirtió en octubre de 2022 en el militar de mayor rango que aceptó su responsabilidad en la JEP. Germán León, en contraste, se desmarcó. Cuando la JEP remitió a León a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el equivalente a una Fiscalía en el derecho penal, aceptó su culpa.
El universo provisional de víctimas de ‘falsos positivos’ de Casanare entre 2005 y 2008 es de 318. León fue comandante del Batallón de Infantería Número 44, Ramón Nonato Pérez, o Birno. Entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006 ordenó asesinar o desaparecer al menos a treinta civiles inocentes. Esta semana pidió perdón.
El reconocimiento que llegó tarde
Las víctimas no solo oyeron un reconocimiento. Escucharon, también, fragmentos de verdades. Nombres, fechas, lugares. Algunas tomaron notas; otras sostuvieron fotografías. El blanco de las paredes y el naranja de los asientos llenaban la estancia, interrumpidos por los rostros de jóvenes y campesinos estampados en la tela y en la memoria.
María Dolores Sánchez se convirtió en el blasón del suplicio ahogado. Su voz estragada se levantó entre los setenta familiares de víctimas en La Triada para renunciar a cualquier pretensión de apacibilidad: “Lo odio”. “Me ha quitado parte de mi vida, parte de mi alma”, le gritó a León, quien escribía en un escritorio.
El alma que le quedaba era suficiente para bregar. “Sí le digo, señor, con toda mi alma, lo odio, lo odio con todo mi corazón”. Pidió disculpas a la magistratura que lideraba la audiencia y, ante la impotencia de una acompañante, disparó sus rugidos y lágrimas a quien veinte años atrás dirigió con ferocidad sus armas y tropas.
“Mi alma sangra de dolor, porque me has quitado un ser de mi corazón, un ser que estuvo en mi vientre”, clamó la mujer. La imagen de su hijo, Giovanny Arias, se proyectaba en las pantallas. Ella llevaba una camiseta con su rostro. “Veinte años sin saber dónde estaba, y ya me lo habían matado”, voceó.
El teniente coronel retirado Germán Alberto León Durán mandó matar a Giovanny. La fuerza pública acató la orden el 24 de mayo de 2006 en Labranzagrande, Boyacá, a más de quinientos kilómetros de Armenia, la capital quindiana, donde nació. Tenía treinta años. Buscaba mejores oportunidades, entre las que incluso consideraba ser militar.
Las víctimas tomaron la palabra
La camisa de León el jueves era de un rosa pálido que chocó con el amarillo brillante de las flores que le entregó Blanca Nubia Díaz Buitrago, esposa de José Hember Leonel Guzmán, asesinado el 24 de octubre de 2006 por el Ejército en la vereda Rincón de la Esperanza, de Aguazul, un municipio de poco más de 43 mil habitantes.
“De las treinta familias que habemos en este momento en este caso, hay creo que más de diez que aún no podemos decir que tenemos una tumba a donde ir para visitar a este ser querido”, dijo, refiriéndose a las personas desaparecidas. Giovanny era una de ellas, hasta que en diciembre de 2025 la JEP entregó sus restos a María Dolores.
Cada girasol simbolizaba a madres que no encuentran a sus hijos. León los recibió, mudo. La señora Sánchez denunció formalmente la desaparición de su Giovanny en 2014. La JEP se comunicó con ella en enero de 2025 para contarle del hallazgo de restos que podrían ser de él, enterrado como NN en el cementerio de Pajarito.
Once meses después, Giovanny volvió a los brazos de María Dolores, los mismos que agitó con fuerza antes de dejar un auditorio al que no volvió. El mismo escenario en el que Daniel Alejandro, con las manos temblorosas y una camisa blanca remangada, recordó a su padre, Gustavo Adolfo Wilkin Correa, acribillado en agosto de 2006.
El Ejército mató a Gustavo cuando Daniel tenía siete años. “Perdonar no es rendirse, sino liberarse. Perdonar no es borrar la historia, sino negarse a que esa historia sea la última palabra sobre nuestra vida”, expresó mientras las pantallas mostraban una imagen de la bandera de Colombia que él solicitó.
Entre el dolor y el perdón
A sus pies, en el borde de la tarima, había un letrero de varios metros que resaltaba entre las baldosas. Fondo azul, letras blancas, como las flores que lo adornaban: “Nunca los vamos a olvidar”. El magistrado Gustavo Salazar, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, remarcó que las víctimas no están obligadas a perdonar.
Salazar anticipaba desde la apertura de la audiencia de un par de días que no habría un debate probatorio, sino compromisos por seguir reforzando la verdad, hasta ahora fragmentada. La Jurisdicción Especial debe examinar las confesiones del excomandante y los reclamos de quienes los arrostraron para adoptar las siguientes decisiones.
De la superación de los estándares de verdad depende el acceso a las sanciones restaurativas, similares a las que cumple el excomandante del excomandante, el mayor general en retiro Henry William Torres Escalante. León acusó a Torres, como lo ha hecho otra docena de subalternos, de exigir resultados a punta de presiones.
Las muertes de Giovanny Arias, José Leonel, Gustavo Wilkin, William Salamanca Cruz, José Manuel Montoya Leal —de quince años—, Bautista Leguizamón y otras nueve personas no ocurrieron en ningún combate, sino en operaciones criminales que incluyeron ocultamientos y manipulaciones de dictámenes forenses.
“En realidad, nunca fueron muertes en combate. Fueron asesinatos de personas inocentes, en estado de indefensión. Esta política fue la que me hizo perder la ética militar y me alejó de mi deber profesional de defender la vida”, admitió Germán León el miércoles. “Merecen saber toda la verdad”, zanjó el jueves.
En Yopal, dos décadas después, la memoria dejó de ser un expediente y se convirtió en voz. Con tres girasoles a su izquierda, papeles amarillos a su derecha y puntos suspensivos entre cada palabra, el exmilitar concluyó: “Ustedes son los principales seres por los que debo trabajar a partir de hoy hasta mi último día. Ya son parte mía”.
