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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció el fin de la etapa de investigación sobre los secuestros que perpetraron las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla que firmó el Acuerdo de Paz de 2016, hace casi diez años, con el Estado colombiano.
El aviso representa un hito para la justicia transicional en Colombia, que identificó a 63 máximos responsables de implementar una política de toma de rehenes para financiar el grupo armado, sembrar terror, controlar los territorios e imponer castigos con base en ideas políticas.
Más de cuatro mil víctimas se acreditaron ante la Jurisdicción para relatar los sufrimientos que el secuestro les provocó. La Jurisdicción ha constatado al menos 21,3 mil hechos victimizantes que incluyen no solo las retenciones, sino las torturas, las desapariciones y la esclavitud del cautiverio.
La justicia ordinaria había condenado a veintitrés de los 63 calificados como máximos responsables en la transicional. Ninguno de los procesos había investigado los crímenes ligados a la privación de la libertad. El macrocaso 01, el de secuestro, fue el primero en llegar a una sentencia en la JEP.
De una investigación sin precedentes al Tribunal para la Paz
Para el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, y la instructora del Caso 01 en la Sala de Reconocimiento de Verdad, la magistrada Julieta Lemaitre, el cierre de la investigación significa "la radiografía judicial más completa que tiene el país sobre los secuestros".
El fin de las investigaciones se concretó con la imputación, también anunciada este lunes, contra quince exintegrantes del Bloque Oriental de las entonces Farc y siete del Bloque Sur. La JEP los llamó a reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La siguiente fase, después del reconocimiento de los señalados, es recibir observaciones tanto de las víctimas como de los comparecientes —los victimarios, firmantes de paz— para elaborar una resolución de conclusiones —algo así como una acusación— que pasará al Tribunal para la Paz.
El Tribunal, precisamente, emitió el año pasado su primera sentencia restaurativa, en la que le impuso al último secretariado de las Farc la máxima pena —a la que el sistema transicional llama sanción propia— de ocho años de proyectos restaurativos.
Un macrocaso extenso
Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alabe, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallos y Rodrigo Granda pasarán todo ese tiempo buscando a personas desaparecidas, acompañando actos de memoria y recuperando ambientalmente zonas afectadas por el conflicto.
Hasta el momento, tanto la última jefatura de la guerrilla como los mandos medios regionales han asumido como máximos responsables: siete del secretariado, diez del Comando Conjunto Central, ocho del Bloque Oriental, siete del Noroccidental y cuatro del Magdalena Medio.
El macrocaso tomó forma a un ritmo lento, aunque ajustado a los tiempos de la JEP. Antes de la imputación al Bloque Oriental y al Bloque Sur, la Sala de Reconocimiento había terminado las audiencias de observaciones de víctimas en julio de 2024.
O sea, la última imputación del Caso 01 llegó año y medio después de que 795 víctimas, en ochenta jornadas, dos años y decenas de audiencias y escritos, se refirieron a lo que confesaron 405 comparecientes. Casi quinientas víctimas denunciaron desapariciones, homicidios y torturas.
¿Terminarán las investigaciones sobre el conflicto armado?
El Bloque Oriental es la estructura que cometió más secuestros. Según datos de la Fiscalía citados por la JEP, es responsable del 34% de los casos, mientras que el Bloque Sur es responsable del 8%. Sin embargo, el 18% de las víctimas acreditadas apuntan al Bloque Sur.
La cifra refleja "las dificultades de las víctimas para acceder a la justicia ordinaria antes de la firma del Acuerdo Final de Paz", señaló la magistrada Lemaitre en una rueda de prensa. Unas 1.239 víctimas culpan al Bloque Oriental, y otras 771, al Sur.
El desenlace de la investigación del macrocaso de secuestros inspira a la Jurisdicción a darle punto final a las instrucciones de los otros diez Casos. El presidente Ramelli señaló en 2025 que "uno de los grandes desafíos" de la JEP era "el cierre judicial del conflicto armado".
La meta no se cumplió, pero 2026 podría ser diferente. "Efectivamente, este es el cierre del 01, y a lo largo de este año se van a dar los demás cierres de los otros casos", dijo Ramelli. "Va a ser un año muy desafiante", concluyó la presidenta de la Sala de Reconocimiento, Catalina Díaz.
