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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, urgió al Gobierno Nacional para que autorice la reactivación de los internados, como una estrategia para frenar el reclutamiento de menores.
Por medio de una carta que envió a los ministros de Salud, Fernando Ruiz, y de Educación, María Victoria Angulo González, el Defensor les solicitó que se agilice la apertura de estos establecimientos educativos, que permitirán disminuir el riesgo de reclutamiento forzado en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes del país.
Señaló también que durante la aplicación de las restricciones generadas por la pandemia del coronavirus, se incrementó el reclutamiento de menores en el país.
“En esta oportunidad quiero manifestarles que la Defensoría del Pueblo observa con gran preocupación el incremento en el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de nuestros niños, niñas y adolescentes, el cual se ha evidenciado durante la pandemia generada por la Covid-19, y que coincide particularmente con el cierre de instituciones educativas”, dijo Camargo Assis.
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Precisó además que la situación económica de las comunidades, se vio afectada por el aislamiento y por la escasez de alimentos.
“Es necesario anotar que dicha medida, aunada al empobrecimiento de las familias que devengan su sustento de la economía informal y a la falta de oportunidades que implica la recesión económica, dan lugar, según lo que hemos podido observar, a un ambiente que facilita que los Grupos Armados Organizados desarrollen sus actividades de reclutamiento entre los niños y niñas más vulnerables”, afirmó.
Tan solo durante el año 2020 se registraron en el país 83 casos de reclutamiento en los que las víctimas fueron menores que oscilaron entre 8 y 18 años (33% menores de 14 años).
También se identificó que el 59% de los reclutados eran hombres (49 casos), 20 eran indígenas, 2 afrodescendientes y en 61 hechos, no se obtuvo información.
“En mi calidad de Defensor del Pueblo de Colombia, les solicito que, de forma conjunta, adelanten las gestiones necesarias para priorizar el funcionamiento, bajo todas las medidas de bioseguridad necesarias, de los internados y residencias estudiantiles de niños, niñas y adolescentes. Este tipo de instituciones contribuyen de forma particularmente significativa a proteger y prevenir hechos de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad”, dijo.
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En ese sentido reseñó que en departamentos como el Meta, hay 69 internados en los que se forman académicamente 4 mil niños, niñas y adolescentes sin embargo, por la pandemia dichos establecimientos permanecen cerrados.
De igual forma, en Guaviare hay 48 internados también conocidos como residencias escolares, en los que se cuenta con una capacidad de atención para 3.820 menores, que también permanecen cerrados.
