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La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió este martes, 17 de febrero, un comunicado en el que hizo un llamado a respetar las decisiones adoptadas por los jueces del país y a acudir a los canales institucionales previstos en la Constitución cuando existan discrepancias.
El pronunciamiento se conoce luego de que el presidente Gustavo Petro convocara a manifestaciones tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 con un aumento del 23%. Aunque el comunicado no menciona expresamente al mandatario ni al caso concreto, el contexto político marca el alcance del mensaje.
La Comisión está conformada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, un representante de los servidores judiciales y la fiscal gneral de la nación, Luz Adriana Camargo.
En el texto, las altas cortes y los demás integrantes del órgano interinstitucional subrayan que las decisiones judiciales “son el resultado de actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial”, que constituyen pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho.
Los recursos previstos en la ley
Agregan que las sentencias y los autos —como el que suspendió el salario como medida provisional en medio de varias demandas contra el salario— se rigen “únicamente por el marco jurídico que configuró la Constitución”, con el objetivo de garantizar la paz, promover la inclusión y ampliar el acceso a la justicia.
Frente a las inconformidades, la Comisión enfatiza que deben tramitarse “a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución”, en contraste con las vías de hecho, como las protestas citadas para el 19 de febrero.
El presidente Petro no es el único que ha llamado a movilizarse. En entrevista con La FM, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el Gobierno apostará por mantener el "salario mínimo vital" que, tras un alza del 23,7% decretada el año pasado, se acercó a los $2'000.000 en 2026.
Los choques del gobierno de Petro con las cortes
“Nunca antes en la historia se había suspendido el salario mínimo de forma tan rápida; el único antecedente similar tardó dos años en resolverse”, dijo Sanguino, quien ratificó la invitación gubernamental a marchar. El Consejo de Estado suspendió el 13 de febrero el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025.
La Sección Segunda del Consejo, luego de acumular diecisiete demandas contra la norma, frenó los efectos del aumento del salario, lo que significa que hasta que llegue una sentencia —que puede tardar incluso más de un año, como en 2016—, el salario mínimo no podrá entenderse como un 23% superior al del año pasado.
Juan Camilo Morales Trujillo, consejero ponente, es el autor de la medida. Su despacho analizó los argumentos de la casi veintena de acciones de nulidad, así como de las solicitudes de medida provisional, y lanzó un auto de 63 páginas no solo con la suspensión, sino con la orden de que el Ejecutivo publique un nuevo decreto en ocho días.
El convite a marchar no es el único pronunciamiento que causa malestar en los altos tribunales. El presidente Petro ha insinuado que el allanamiento que el año pasado ordenó la magistrada Cristina Lombana en la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el norte del país, iba a servir para implantar droga e inculpar al funcionario.
