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El debate que le realizó el senador Roy Barreras al exministro de Defensa, Guillermo Botero, por el bombardeo en septiembre de 2019 en Caquetá marcó un precedente en la historia reciente de los debates de control político en el Congreso. El ministro tuvo muy poco con qué responder por la gravedad de las acusaciones. Se trataba de un bombardeo a un grupo de las disidencias de las Farc en donde habían muerto ocho menores de edad, incluso, una niña de 12 años sin que esto le fuera informado al país. Botero renunció a su cargo poco tiempo después de las revelaciones.
Sin embargo, un estudio detallado de las cifras demuestra que este no es un problema reciente, sino que ha sido una constante en los enfrentamientos entre las fuerzas militares y los grupos armados ilegales debido al problema del reclutamiento forzoso de menores en las filas de los alzados en armas.
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La FM conoció en exclusiva el registro del Instituto Nacional de Medicina Legal que está apoyado en los datos del Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres. Esta base de información cuenta con un indicador de los hechos que ocurren en acciones militares y enfrentamientos armados. Aunque Medicina Legal no puede establecer el grupo específico en el que se encontraban los menores en condición de reclutamiento, sí hay detalles de la forma en la que murieron producto de enfrentamientos con las fuerzas militares.
Por cuenta del debate político el país solo conoció las cifras de un año y de un hecho puntual, dejando de lado la realidad del problema que abarca a más de un centenar de menores de edad muertos en los últimos 10 años.
Los datos que revela La FM demuestran que la causa por la que más menores murieron en enfrentamientos armados con las fuerzas militares desde el 2010 al 2019, fue proyectiles con armas de fuego en donde los datos oficiales registran 81 muertes. Luego sigue agentes y mecanismos explosivos como bombardeos, en donde se registraron 76 muertes. En los registros hay 3 muertes más que están por determinar. El total de menores que murieron en estas circunstancias en la última década es de 160. Sin embargo, los datos no son definitivos y pueden ser más altos por menores que podrían estar desaparecidos y la ausencia de denuncias de sus padres para reportar los hallazgos de los cuerpos por miedo a represalias en las zonas de conflicto.
En 2010 se presentaron 19 menores muertos en enfrentamientos armados con las fuerzas militares. 10 murieron por agentes o mecanismos explosivos y 9 por proyectiles de armas de fuego; en 2011 murieron 14 menores por mecanismos explosivos y 19 por armas de fuego para un total de 34. Este fue el año en el que se presentaron más muertes de menores de 18 años por el conflicto en Colombia, sin que esos reportes le hayan sido informados a la opinión pública, ni por el gobierno de entonces ni por las fuerzas militares.
En 2012, 30 menores de 18 años perdieron la vida en estos combates: 16 por mecanismos o agentes explosivos, 13 por armas de fuego y uno del que todavía se investiga su causa; en 2013 murieron 7 menores por mecanismos explosivos y 12 por disparos. En 2014 la cifra volvió a subir a 25 con 10 menores muertos por mecanismos explosivos y 15 por armas de fuego; en 2015, 6 menores murieron por agentes explosivos y 5 por armas de fuego; en 2016, el año en el que se firmó el acuerdo de paz con las Farc, 9 menores de edad murieron en combates con las fuerzas por agentes explosivos y 3 por proyectiles de armas de fuego. Esos hechos tampoco se informaron a la opinión pública.
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En el año siguiente, luego de la firma para la desmovilización de las Farc y su paso a la vida civil, hay una notoria reducción de los menores reclutados muertos en enfrentamientos. Ese año murió solo un menor por agentes explosivos y dos más por proyectiles de arma de fuego. En 2018 las cifras volvieron a doblarse con 7 menores muertos en total; 3 por mecanismos explosivos, 3 por armas de fuego y uno por determinar. Y, finalmente, en 2019 se tiene noticia de los reportes de 8 menores de edad muertos en el bombardeo de Caquetá reportado por el senador Roy Barreras y confirmado por el Ejército y la Fiscalía General, aunque las cifras del año anterior todavía no están consolidadas.
Medicina Legal contestó a La FM que el Instituto no está en capacidad de concluir a qué grupo armado ilegal pertenecían los menores que fueron encontrados muertos presuntamente como consecuencia de una operación militar, porque esa función le corresponde a las autoridades que investigan los hechos, es decir, a la Fiscalía General.
Según el Instituto, la información registrada por el Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres no tiene el seguimiento a la ejecución de las operaciones militares en el país, pero todos los menores reportados como muertos anteriormente ocurrieron en medio enfrentamientos armados y acciones militares, lo que quiere decir que es posible que algunos de ellos ni siquiera hayan muerto necesariamente luego de un combate. Con ese agravante, esas muertes cometidas en todo caso por miembros de las fuerzas militares tampoco le fueron debidamente informadas a la opinión pública.
El experto en seguridad y defensa de la Universidad Externado, Jairo Libreros, analizó las cifras para La FM. “Las probabilidades de aumentar las muertes de niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados forzosamente por este tipo de organizaciones al margen de la ley es muy alta. Las cifras demuestran que estas organizaciones están interesadas en reclutar a menores de edad, no solamente porque los ponen en la primera línea de combate, sino porque al ser carne de cañón y perderlos o ser objeto de un proceso exitoso de desmovilización, los daños en su estructura son mínimos y se pueden mantener en el tiempo. También saben que cuando en el campo de batalla se encuentran a menores de edad que han perdido la vida, políticamente hay una reacción muy fuerte en contra de la fuerza pública”.
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Según Libreros, las fuerzas militares también deben mejorar sus labores de inteligencia humana efectiva para penetrar a esas organizaciones y tener la capacidad de cuantificar a los miembros que las conforman y de saber con anterioridad si hay menores de edad, porque es la única forma de evitar esas muertes.
En la división por regiones, el departamento que más reporta muertes de menores en enfrentamientos o por acciones militares es Aarauca con 35, en donde resaltan los municipios de Arauquita, Saravena y Tame. Luego está Antioquia en donde llama la atención Briceño y Cáceres. En Bolívar se cuentan 21 muertes y los municipios con la cifra más alta son Santa Rosa del Sur y San Pablo.
En Caquetá, con 11 muertes, San Vicente del Caguán es la región en donde más ocurren estos hechos. En el Cauca, con 12 muertes, Toribío y el Tambo son las regiones en rojo. En Nariño, con 8 muertes, preocupa Ricaurte. En el Meta hay 2 muertes en los municipios de La Macarena, Mesetas, Uribe y Vista Hermosa. En la región del Chocó 10 muertes en total, 6 de ellas en el Litoral de San Juan. Pero también hay menores muertos en Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Guaviare, Córdoba, Cauca, Caquetá, Casanare, Huila, Quindío y Valle del Cauca. Todo esto desde el 2010 al 2019.
En todas estas regiones ha habido siempre una fuerte presencia de las Farc y del ELN. En la actualidad esas zonas están ocupadas por bandas criminales, nuevos grupos de paramilitares y narcotraficantes, las disidencias de las FARC y otros grupos radicales de las disidencias, además del crecimiento del ELN luego del 2016.
El Instituto también señaló que es imposible determinar con exactitud la edad precisa de estos jóvenes, pero todos los reportados son menores de 18 años. Hay que recordar que el Derecho Internacional Humanitario que regula las acciones de guerra y en conflictos entre estados y grupos subversivos, los menores de 15 años que están en las filas de los grupos armados son considerados un blanco legítimo, aunque se considera que deben tener más protecciones especiales por parte del Estado. En Colombia la ley sanciona el reclutamiento ilícito a menores de 18 años.
A pesar de que para un debate de control político se informó sobre una sola de las acciones de las fuerzas militares en la que perdieron la vida 8 menores de edad recientemente, la realidad de las cifras es mucho más amplia y evidencia que el problema es estructural y tiene varias causas.
