Denuncian a la congresista Verónica Estrada ante la Corte Suprema y la Procuraduría por escándalo de título falso

Esta investigación también se extendió a la Fiscalía, la Contraloría General y la Comisión de ética y estatuto del Congresista.
Luz Verónica Estrada Holguín
La representante a la Cámara por Antioquia obtuvo más de 7.000 votos en la consulta del Pacto Histórico de 2025. Crédito: https://congresovisible.uniandes.edu.co/ - @JenniferPedraz

Crece el escándalo por el título universitario falso de Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la cámara por Antioquía del partido Pacto Histórico, ya que fueron radicadas las primeras denuncias formales ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Contraloría general para que ser adelanten las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

La senadora Jennifer Pedraza Sandoval y el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, de manera independientes, presentaron ante los máximos organismo de investigación y control estas acciones judiciales.

“Ni siquiera asistió a clases. La acreditación es completamente falaz. Además, estuvo vinculada a la DIAN usando este título profesional falso para el 2015, obteniendo una jugosa remuneración no justificada, toda vez que no contaba con el soporte profesional documental⁠​⁠‍⁠”, señaló Pablo Bustos.

En las denuncias se solicita investigar a Estrada Holguín por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad material en documento público, obtención de documento público falsos, uso de documento falso, fraude procesal, y falsedad personal.

Además se le solicita a la Fiscalía, que se indague la posible responsabilidad de particulares y funcionarios públicos en la obtención de su titulo falso y a servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que certificaron su idoneidad, suscribieron y supervisaron el contrato No. 00- 050-2025, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Pruebas clave contra la Congresista

La Universidad Nacional certificó que no expidió el registro de diplomas presentado como ingeniera de minas y metalurgia . Por tanto, el diploma, el acta de grado, el certificado de calificaciones y la constancia de finalización de materias son falsos en su origen.

“Documentos que aparentan provenir de una universidad pública que no los expidió. Los diplomas y actas de grado son documentos públicos, pues se expiden en ejercicio de la función pública de educación (art. 67 de la Constitución)”, indica la acción judicial.

En la denuncia se pide establecer si la congresista Verónica Estrada elaboró los documentos o los obtuvo de un tercero. Lo mismo aplica al certificado del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería de Colombia (COPNIA) y a la tarjeta profesional, si se establece que no fueron expedidos por esa entidad.

El fraude procesal se plantea porque la congresista habría inducido en error a los funcionarios de la DIAN para lograr la certificación de idoneidad y adjudicación del contrato. Igualmente, habría inducido en error al COPNIA si la matrícula profesional fue obtenida con base en el diploma cuestionado.

Según los denunciantes los documentos recibidos contenían contradicciones evidentes: un bachillerato posterior al inicio de la carrera, una matrícula profesional anterior al grado y números de matrícula distinto. Pese a ello, se certificó la idoneidad y se celebró el contrato.

“El diploma de bachiller fue otorgado por la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa de Caramanta el 25 de noviembre de 2017 (Acta General de Graduación No. 32, Folio No. 29). Sin embargo, el certificado de calificaciones atribuido a la Universidad Nacional la muestra cursando el primer semestre de Ingeniería de Minas y Metalurgia desde agosto de 2016. Según ese certificado, para noviembre de 2017 ya habría aprobado tres semestres universitarios, cuando aún no era bachiller”, se lee en la denuncia.

Deberá definirse la responsabilidad de quienes proyectaron el certificado, del ordenador del gasto que suscribió el contrato y del supervisor designado y si la investigación revela que la contratación fue promovida o direccionada, deberán investigarse también otros delitos como interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.

¿Detrimento patrimonial?

Se solicitó a la Contraloría General investigar un posible detrimento patrimonial ya que la DIAN habría comprometido cerca de 78 millones de pesos de recurso públicos al pagar honorarios a Verónica Estrada como contratista, pese a que el perfil exigido para dicho contrato era el de preparado de Ingeniería de minas, Ingeniería Ambiental, Geología, Economía, Administración Pública, Administración de Empresas o Derecho.

El objeto del contrato era la “Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y acompañamiento a la Dirección General en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas tendientes a fortalecer las acciones control y fiscalización en el sector minero”.

También se requería dos años de experiencia profesional en el ejercicio de la profesión, y un año de experiencia relacionada con el sector minero, incluido dentro de la experiencia profesional.

“Si el requisito de idoneidad no se cumplía, los pagos realizados con base en el contrato No. 00-050-2025 podrían constituir un daño patrimonial al Estado”, añade la denuncia.


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