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La Procuraduría General de la Nación rechazó la recusación contra la procuradora Margarita Cabello Blanco para que no conociera del proceso disciplinario que avanza en contra de los entonces alcaldes de Barranquilla, Alejandro Char y Elsa Noguera, por presuntas irregularidades en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.
Esa recusación decía que Cabello debía declararse impedida porque supuestamente su hijo, Alberto Caparroso, y su sobrino Miguel Vergara, tuvieron vínculos de trabajo con los entonces alcaldes investigados.
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“Lo que genera que usted (haciendo referencia a Cabello) tenga interés directo en las resultas de los procesos disciplinarios que cursan o se instaure contra los sujetos procesales, pero también denotan una presunta amistad íntima entre usted y su familia y los sujetos procesales”, se lee en uno de los apartes del documento.
Al revisar la petición, la delegada para la Contratación Estatal y la Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios concluyeron que no era procedente el recurso, toda vez que el despacho de la Procuradora General de la Nación no era el encargado de adelantar esas investigaciones.
“El funcionario recusable (…) es el servidor público que conozca de la actuación disciplinaria y en este proceso está íntimamente establecido que quien conoce del proceso no es la señora procuradora General de la Nación”, se indica en una de las decisiones de la Procuraduría.
La recusación señaló a Caparroso de tener “presuntamente vínculos contractuales con el Distrito de Barranquilla, es decir, que fue contratista durante las administraciones de los señores Alejandro Char y Elsa Noguera”.
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Sobre Vergara, la recusación sostiene que “ha tenido vínculos en calidad de servidor público de libre nombramiento y remoción como subalterno de los señores Alejandro Char, cuando fue alcalde de Barranquilla, en su segundo período y Elsa Noguera cuando ocupó los siguientes cargos, alcaldesa de Barranquilla, Ministra de Vivienda y como actual Gobernadora del Atlántico”.
Según la queja disciplinaria interpuesta por José Raúl Rodríguez Jiménez, las irregularidades que al parecer se presentaron en el POT de Barranquilla ocasionaron daños ecológicos y ambientales en el sector de La Loma y la ciénaga de Mallorquín.
El proceso se encuentra en etapa probatoria de investigación disciplinaria, según el sistema público de procesos de la Procuraduría, y se entrará a verificar si alguno de los exalcaldes habría incurrido en alguna falta disciplinaria a la hora de aprobar el Plan de Ordenamiento.
El POT fue adoptado por la entonces alcaldesa Elsa Noguera, mediante decreto 012 de 2014, y contiene más de 600 artículos y 35 planos. Señala que el objetivo es “pasar de 0.86 metros cuadrados por habitante a 6.2 metros cuadrados” en los próximos 20 años, es decir, al 2032.
“El principal objeto del ordenamiento territorial es el desarrollo integral del territorio y la distribución equitativa de sus atributos, en aras de mejorar las formas de convivencia, crecimiento y desarrollo del Distrito”, precisa el decreto.
