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La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional dar vía libre al decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos, que establece los beneficios que tienen los niños, niñas y adolescentes que fueron desvinculados de las Farc tras la implementación de los acuerdos de paz.
De acuerdo con el documento de la Procuraduría, este decreto guarda conexidad con los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc, y se hace necesario para garantizar la restitución de los derechos que tienen los menores que estuvieron en las filas de esa guerrilla y que se constituyeron en víctimas del conflicto.
Dentro de esta solicitud, el procurador Fernando Carrillo consideró que la inclusión del Decreto Ley 891 de 2017, servirá para que cuando los menores cumplan los 18 años, previa verificación de la Registraduría, puedan "permanecer en los lugares transitorios de acogida hasta cuando se vinculen a la oferta institucional dispuesta para ellas, de conformidad con el Programa Camino Diferencial de Vida".
Según el documento de la Procuraduría, pese a que estos menores llegan a su mayoría de edad, deben tener los beneficios del programa Camino Diferencial de Vida dirigido por el Icbf, garantizando los derechos a los que tiene lugar.
De igual forma, la Procuraduría consideró que la aplicación de este decreto es de carácter urgente frente a la situación de reclutamiento ilegal que se puede presentar en distintas regiones del país, tras la firma de la paz con esa guerrilla.
