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La Procuraduría General de la Nación archivó definitivamente la investigación disciplinaria por el supuesto espionaje con el software Pegasus contra el entonces secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, y su familia.
La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco, y cobija de manera expresa al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, además de otros funcionarios y miembros del Ejército que fueron objeto de verificación.
La investigación buscaba establecer si desde el Ministerio de Defensa o desde unidades de contrainteligencia del Ejército se había ordenado una operación de espionaje contra Idárraga
El origen de la denuncia
El caso comenzó después de que, en enero de este año, Andrés Idárraga denunciara públicamente que él y su familia estaban siendo objeto de espionaje mediante Pegasus, un software capaz de ingresar a dispositivos móviles y extraer información.
Según la denuncia y un análisis forense privado presentado en ese momento, el teléfono celular de Idárraga, un iPhone 15 Pro Max, habría sido infectado desde agosto de 2025.
Ese análisis hablaba de la extracción de aproximadamente 2,3 gigabytes de información, además de supuestas activaciones de la cámara y el micrófono del equipo.
La denuncia apuntaba hacia el sector Defensa y, específicamente, señalaba al sargento viceprimero Darwing Jesús Ramírez como presunto ejecutor o emisor de la operación.
La Procuraduría abrió entonces la actuación disciplinaria para establecer si realmente funcionarios del Ministerio de Defensa o del Ejército habían participado en una interceptación ilegal.
La búsqueda de Pegasus y una supuesta misión de trabajo
Durante la investigación, y de acuerdo con la Procuraduría, se realizó inspecciones y recopiló información de diferentes organismos de seguridad.
En ese mismo sentido, se conoció que uno de los principales resultados fue que el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional certificaron que no poseen, no han adquirido y no han utilizado el software Pegasus.
Es decir, dentro de la investigación disciplinaria no apareció evidencia que demostrara que este programa hubiera sido utilizado por las instituciones señaladas para intervenir el teléfono de Idárraga.
Pero la Procuraduría también revisó otro elemento clave de la denuncia: una supuesta misión de trabajo que habría sido utilizada para realizar el seguimiento.
Una misión de trabajo que resultó falsa
Según lo establecido en la investigación, el documento que supuestamente relacionaba al CACIM, el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, con una operación contra Idárraga, era falso.
La Procuraduría encontró que utilizaba un formato que no estaba autorizado y presentaba inconsistencias en su estructura. Además, al contrastar la información del documento, no coincidían los vehículos descritos ni los agentes que supuestamente habrían participado en la operación.
Sumado a eso, se conoció que otro de los puntos revisados fueron los recursos públicos. La investigación verificó el manejo de gastos reservados, precisamente porque una de las hipótesis era que estos recursos hubieran sido utilizados para financiar labores de seguimiento o espionaje.
Sin embargo, las auditorías e inspecciones no encontraron apropiación ni ejecución de gastos reservados para realizar actividades de seguimiento a funcionarios del nivel ministerial.
¿Y qué pasó con el sargento Ramírez?
La Procuraduría también estableció cuál era realmente la función del sargento viceprimero Darwing Jesús Ramírez. Militar que hacía parte del esquema de seguridad del Ministerio de Defensa conocido como “Polonia”.
Su labor estaba relacionada con la denominada inteligencia protectiva, es decir, actividades dirigidas a garantizar la seguridad física y realizar barridos electrónicos para detectar posibles amenazas o intentos de espionaje.
La investigación concluyó que Ramírez no tenía las capacidades, funciones, equipos ni órdenes legales para realizar interceptaciones o labores de espionaje contra personas. Además, el propio denunciante, que fue un elemento que la Procuraduría tuvo en cuenta.
¿Y qué dijo Idárraga?
En su declaración ante las autoridades, Andrés Idárraga manifestó que no contaba con pruebas técnicas o documentales que demostraran que el sargento Ramírez, algún funcionario específico del Ministerio de Defensa o algún integrante del Ejército hubiera operado Pegasus o recibido una orden directa para espiarlo.
Con todos estos elementos, la Sala Disciplinaria de Instrucción concluyó que no había evidencia suficiente para establecer la ocurrencia de las faltas disciplinarias investigadas.
Archivo definitivo de la actuación
Por eso, la Procuraduría ordenó terminar y archivar definitivamente la actuación disciplinaria. Según la conclusión del auto es que no se acreditó que desde el Ministerio de Defensa o el Ejército se hubieran ordenado interceptaciones ilegales contra Idárraga, utilizado gastos reservados para ese propósito o empleado el software Pegasus.
La decisión incluye expresamente al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y cierra, en el ámbito disciplinario, esta investigación sobre las denuncias de supuesto espionaje.
