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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios "por determinar" de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por la fiesta en la que participó Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo de la justicia
González, una de las presuntas fichas clave en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), está asilado en el país centroamericano bajo la protección del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ese organismo decretará pruebas para conocer sobre la parranda vallenata que organizó la Cancillería el 11 de diciembre en el Palacio de los Cristales, un salón del lujoso Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.
La idea es determinar qué funcionarios del cuerpo diplomático estuvieron involucrados, si hubo recursos públicos de por medio y si se incumplieron obligaciones como detener a González, quien cuenta con una orden de captura internacional.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que pedirá explicaciones. "Tendría que preguntar más si la fiesta fue con empleados de la Embajada de Colombia”, afirmó.
La Corte Suprema acecha a Carlos Ramón González
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia se prepara para adelantar su juicio contra el también exdirector nacional de Inteligencia. El 1 de diciembre ese tribunal designó a la magistrada que se encargará de evaluar las pruebas de la Fiscalía y pedirle a la Sala de Primera Instancia una sentencia o una absolución.
Por reparto, el expediente le correspondió a la magistrada Blanca Nélida Barreto, presidenta de la Sala. La magistrada tendrá que fijar una fecha en 2026, luego de la vacancia judicial, ara la audiencia de acusación, que podrá desarrollarse mientras González sigue prófugo.
Las investigaciones por el saqueo a la UNGRD en el gobierno de Gustavo Petro apuntan a González, expresidente del partido Alianza Verde, como una pieza central. Por eso la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá una medida de aseguramiento en su contra, y a la Interpol, una circular roja.
Según la Fiscalía, González coordinó la entrega de una coima de $3.000 millones para el expresidente del Senado Iván Name y otra de $1.000 millones para el expresidente de la Cámara Andrés Calle. La Corte Suprema los investiga.
Petro le pidió a Managua el 15 de agosto extraditar a González, luego de que un funcionario de la Embajada bogotana en Nicaragua solicitara la residencia para el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El Gobierno ha negado estar detrás de la petición.
Los choques entre los Gobiernos de Colombia y Nicaragua por González
El régimen de Ortega y Murillo respondió con una nota diplomática en la que confirmó el asilo para González. Los ministerios de Exteriores y de Justicia colombianos aseguraron que González "es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común", no por crímenes que permitan inferir una persecución política que sí hubiese sido un motivo para aplicar la figura del asilo.
Carlos Ramón González "enfrenta un proceso penal", enfatizaron las entidades, por lo que el derecho al asilo "no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes, o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos".
La Fiscalía le imputó a González los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. La acusación, que antecederá a una audiencia preparatoria y al juicio contra el exmilitante del M-19, se basa en los mismos delitos, que la Corte Suprema deberá revisar próximamente.
Ninguno de los crímenes es político o está sustentado en bases políticas. Desde que ese organismo imputó a González en mayo, su paradero había sido desconocido. Sin embargo, labores investigativas y las búsquedas de una orden de captura incluso internacional, revelaron que se encuentra en el país centroamericano.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el 27 de noviembre la presentación del escrito de acusación. "Independientemente de si a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa o se presenta a las autoridades, nosotros seguimos con la judicialización, como corresponde”, dijo.
