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En una comunicación solicitó hacer extensiva la oferta institucional a la población civil de Calamar y activar las rutas de prevención pertinente
La Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades del departamento del Guaviare para que adopten medidas de protección a la población civil y a los líderes comunitarios y sociales de la región, luego del hallazgo de los 8 cuerpos en una fosa común en zona rural de ese departamento.
Los hechos específicos que conmocionaron a toda una población del municipio de Calamar y cercanos tendrán asistencia humanitaria así como la protección de sus derechos fundamentales gracias a la solicitud que hizo el Procurador Regional de Instrucción de ese departamento.
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El Ministerio Público también pidió a la Fuerza Pública de la región activar con urgencia rutas de prevención, pertinentes para salvaguardar y proteger la vida de los ciudadanos de esta región. Se busca proteger el orden público, el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de esa población.
Así mismo, el órgano de control hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que, de manera oficiosa, adelante las acciones de investigación respetivas frente a los hechos delictivos, que permitan identificar y judicializar a los responsables de este hecho que implica una grave violación también a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, (DIH).
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Recordemos que en este lamentable hecho, la Fiscalía confirmó que la investigación que adelanta permitió establecer que el pasado 4 abril de 2025,dos de las víctimas fueron citadas por integrantes del mencionado grupo armado y, tres días después, también fueron llamadas las seis personas restantes, con el fin de ser "interrogadas" sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial.
Días después, las ocho personas habrían sido trasladadas a un predio abandonado. Según la investigación, los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ para evitar la posible conformación de una célula del Eln en la región.
Entre tanto, la Procuraduría afirmó que se solidariza con las familias víctimas de los grupos armados ilegales que insisten en imponer temor, miedo y zozobra en la población civil para hacer control del territorio y ejercer el dominio de las economías ilícitas.
