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Una disputa territorial entre grupos ilegales y una marcada ausencia estatal están en el panorama del departamento del Cauca.
Recorriendo una de las principales calles del municipio de Argelia, Rosa Gutiérrez, dice que aún recuerda cómo, hace casi 10 años, los habitantes de este municipio ubicado en el sur occidente del Cauca, pensaron que la ausencia del conflicto era posible.
“Se esperaba que el acuerdo de paz, realmente alivianara la situación de conflicto en el departamento”, señala la lideresa social.
A finales de 2016, tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, el departamento del Cauca dejó, por unos meses, de estar en los titulares de los medios por hechos relacionados con acciones violentas, pero “después de 2019, se agudiza mucho (la violencia) porque estos grupos se reorganizan”, agrega Gutiérrez.
Tan rápido como las antiguas Farc salieron de los territorios que ocupaban, otros actores armados entraron a copar esas mismas zonas.
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Para Kyle Johnson, experto en el conflicto armado colombiano, investigador y cofundador de la organización CORE, el Cauca sigue siendo un lugar con una profunda ausencia del Estado mientras el narcotráfico gana terreno.
“Es un mundo de economías ilícitas muy grandes, con una falta de legitimidad del Estado que los grupos aprovechan y esto genera un ciclo vicioso que hace que el conflicto siga en el Cauca. Actualmente no hay una clara política de seguridad, hay una fuerza pública reactiva y sin poder o capacidad suficiente, no solo para derrotar a estos grupos sino para estar y mantener la tranquilidad”, asegura Johnson.
Optan por una alternativa con la cual puedan subsistir
Los diferentes climas de las regiones en el Cauca, son, además, propicios para el cultivo de hoja de coca, marihuana y ahora amapola, con una rentabilidad que favorece la expansión y el poder de los grupos ilegales convertidos en una especie de para estado, como lo advierte Diego Jaramillo, doctor en Estudios Latinoamericanos y quien fue profesor de la Universidad del Cauca.
“Lo que uno encuentra ahora es que estos grupos no necesariamente están por un objetivo político, aunque hacen inversiones en las escuelas, en los caminos, en los puentes y la situación se vuelve difícil en tanto que no siempre es la vía de la atemorización y la exigencia armada para que la comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes respondan a los requerimientos que los grupos armados hacen y fuera de eso por la situación de pobreza y miseria en el departamento, optan por seguir en estos territorios de cultivos de uso ilícito”, advierte Jaramillo.
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¿Qué hacer para interrumpir el círculo de violencia?
Más allá de la intervención militar, desde las autoridades locales y desde varios sectores políticos advierten una necesidad de una estrategia clara para enfrentar la violencia.
César Cristian Gómez, representante a la Cámara por el Cauca, destaca una acción que facilitaría la solución para resolver la problemática social en la región.
“Desde el poder legislativo, se debe estructurar una ley, sumado a un CONPES, que pueda establecer una ruta de desarrollo, que permita, de forma integral, poder hacer inversión en la parte productiva, industrial, turística, deportiva y cultural por toda la idiosincrasia que existe. Es un plan que muestre la inversión del Estado a través de proyectos productivos donde la gente pueda hacer una sustitución voluntaria y que se garantice la compra de las cosechas en dichos proyectos productivos”, revela el representante Gómez.
Con acceso al Pacífico, desde las cordilleras, en donde nacen los principales ríos que atraviesan el país, las poblaciones en el Cauca, un departamento que además de zonas de valles con climas áridos posee montañas con páramos, cargados de agua, siguen padeciendo el rigor de una guerra que se reinventa.
