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Entre los diez casos de llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría a funcionarios de las alcaldías en el país en el marco de la estrategia “Transparencia en la Emergencia", figura la citación al alcalde del municipio de El Molino-La Guajira, Juan Pablo Vega Escobar y su secretaria de gobierno Karelis Rosado Acosta.
El Ministerio Público, argumentó presuntas irregularidades en un contrato por valor de $99.247.900 que tenía por objeto la compra de insumos y víveres no perecederos, suscrito de manera directa con la Fundación Social Creciendo.
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Al mandatario se le reprocha su participación en el proceso con la Fundación mencionada, con el presunto desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, lo que habría facilitado sobrecostos identificados por una auditoría de la Contraloría General de la República.
Por su parte, la secretaria de Gobierno Karelis Rosado Acosta, deberá responder en la audiencia por haber participado en la etapa precontractual del proceso, con presunto desconocimiento de los principios de responsabilidad y economía al aprobar los estudios previos y la propuesta presentada por la fundación.
Las presuntas faltas de los funcionarios fueron calificadas en esta etapa del proceso como gravísimas a título de culpa.
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La Procuraduría advirtió que junto con la Contraloría y la Fiscalía, seguirán con la lupa puesta sobre los procesos contractuales en medio de la emergencia sanitaria, ejerciendo trabajos preventivos de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.
