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En los últimos días, el país ha vivido una grave escalada de violencia contra miembros de la Fuerza Pública. Según confirmó el Ministerio de Defensa, 17 uniformados, 13 policías y 4 militares, fueron asesinados en distintas regiones por integrantes del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco.
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Patrón sistemático de ataques contra la Fuerza Pública
Las víctimas fueron atacadas en su mayoría mientras se encontraban fuera de servicio o durante permisos personales, lo que el Gobierno calificó como una violación al Derecho Internacional Humanitario. Los hechos ocurrieron entre el 15 y el 25 de abril en departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Cauca y Valle del Cauca.
Responsabilidad de los grupos armados ilegales
En Antioquia, el Clan del Golfo asesinó a Deimer Díaz Pérez en Carepa, a Nelson Cárdenas Carmona en Salgar y a Jorge L. García Meza en Chigorodó. También mató a Lenin R. Suárez Osorio en Tarazá y a Luis C. Vargas Gutiérrez en Segovia. En Córdoba, el mismo grupo acabó con la vida de Aldair M. Urango Sariego en Ciénaga de Oro y de José F. Espitia Espitia en Chimá.
En la costa Caribe, el Clan del Golfo asesinó a Jhon J. Evangelista Monterroza y a Andrés F. Carrillo Bayona en Cartagena, así como a Edwin A. Feria Mercado y a Belén K. Durán Ortiz en Simití, Bolívar.
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El ELN fue señalado como responsable de los asesinatos de Andrés D. Padilla Mejía en Lourdes, Norte de Santander, y de Jostin A. Olivos González en Saravena, Arauca. Por su parte, las disidencias de las FARC mataron a Luis C. Galíndez Salamanca en La Vega, Cauca, y a Julio César Vásquez en Jamundí, Valle del Cauca.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, atribuyó estos crímenes a un patrón sistemático de los grupos armados ilegales. “Fue un modo sicario. Antes usaban pistolas, ahora lo están haciendo con fusil”, declaró.
El Gobierno ofreció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, y hasta 20 millones por datos que ayuden a prevenir nuevos ataques contra miembros de la Fuerza Pública.
“Se dará una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos permita la captura de los sicarios de cualquier GAO que hayan asesinado militares o policías, o hasta 20 millones de pesos por información que nos permita evitar ataques sicariales contra miembros de nuestra fuerza pública”, informó Sánchez.
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