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La Corte Constitucional le ordenó a la Embajada de Reino Unido e Irlanda devolver a su cargo a un funcionario colombiano que laboraba allí y que fue despedido por discriminación étnica racial y creencia religiosa.
La justificación del despido por parte de la embajada se basó en un supuesto acoso laboral que el funcionario abría ejercido sobre otro compañero. Sin embargo, la Corte al revisar el caso determinó que la supuesta intimidación solo fue producto de rumores.
Inicialmente a este empleado se le impuso una sanción la cual no le fue notificada y un año después fue despedido, razón por la que no tuvo oportunidad de defenderse. Incluso la Corte logró establecer que quien señaló al funcionario de acoso sufría de trastornos de conducta e inventó versiones de la supuesta persecución laboral salidas de toda realidad.
De esta manera la Corte le ordenó a la embajada que en un término de tres días le regrese el empleo al funcionario.
