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La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes que fueron expedidas varias órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc, señalados de ser responsables del reclutamiento de menores de edad que murieron en medio de acciones militares efectuadas el 29 de agosto de 2019.
Según informó la entidad, la medida va dirigida contra los catalogados máximos cabecillas del Grupo Armado Organizado (GAO) Bloque Oriental, quienes habrían sido los responsables del reclutamiento ilícito de varios jóvenes que posteriormente perdieron la vida en una acción militar efectuada en jurisdicción de San Vicente del Caguán, en Caquetá.
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La medida afecta a: Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, del Frente Séptimo. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, del frente Primero. Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, del Frente Séptimo, y Gener García Molina, alias Jhon 40, de Frente Primero.
De acuerdo con la Fiscalía, las órdenes de captura contra estos disidentes fueron emitidas para ser juzgados por los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito.
El ente investigador cuenta con suficiente material probatorio que fue recopilado por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos; dentro de las pruebas se cuenta con la recepción de tres denuncias ciudadanas.
La entidad dio a conocer detalles de esas tres denuncias contra la estructura ilegal armada, las cuales una fue realizada en Puerto Rico (Caquetá) y otras dos en San José del Guaviare. Los tres relatos hablan de menores con edades entre los 12 y 16 años que habrían sido vinculados a la fuerza a este grupo criminal.
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Tras la desaparición de los menores de edad, posteriormente fueron encontrados sin vida en el campamento del guerrillero conocido con el alias de Gildardo o Cucho, el cual fue objetivo en la operación militar desarrollada ese 29 de agosto de 2019.
En medio de la investigación por la muerte de estos jóvenes reclutados por disidencias de Farc, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de competencias que había con la Justica Penal Militar y notificó a la Fiscalía la decisión que determina que es la justicia ordinaria la que debe conocer y desarrollar el proceso penal en este caso.
Tras esta decisión, fue designado un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos para asumir la investigación.
