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La exgobernadora del departamento de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, fue detenida en Bogotá. El CTI de la Fiscalía la capturó con el fin de que responda por contratación irregular. Tras su llegada al ente acusador para ser reseñada por los investigadores de Policía Judicial, hizo énfasis en que nada tuvo que ver con los hechos investigados por la Fiscalía.
Fuentes del proceso judicial señalaron que la detención de Pinto se produjo en horas de la mañana cuando los funcionarios de la Fiscalía sorprendieron a la ex dirigente política saliendo de su casa. El problema tras detenerla radica con su hijo menor de edad, a quien no tiene con quien dejar, y se espera que su custodia sea asumida por un familiar o quede bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
En las próximas horas, Oneida Pinto será trasladada al búnker de la Fiscalía en Bogotá y allí se definirá si es presentada hoy mismo ante un juez de la República para imputación de cargos o la diligencia judicial se realiza el próximo 9 de marzo en horas de la mañana.
Cabe recordar que el 13 de febrero pasado, ante la citación hecha por el Juzgado 37 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, la exgobernadora se negó asistir a la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, por los hechos de corrupción en contratación que se registran en ese departamento.
A la exmandataria se le endilga ser la presunta responsable de los delitos de contrato con incumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento privado. Al ser instalada la audiencia pública, la defensa de Pinto Pérez advirtió que tras el extenso material probatorio, necesitaba tiempo para estudiarlo detalladamente. El juzgado, por su parte, decidió entonces acoger la petición de los litigantes y aplazó la audiencia de solicitud de la medida privativa de la libertad.
Las investigaciones indican que Pinto Pérez, siendo candidata a la alcaldía del municipio de Albania (La Guajira), habría determinado al alcalde municipal, a la Secretaria de Salud y al gerente encargado de la ESE Hospital San Rafael de esa población, para que suscribieran contratos y de ellos derivar recursos públicos que serían utilizados en la campaña política.
Los dineros hacían parte del programa estatal de reducción de la mortalidad infantil en poblaciones vulnerables de esta sección del país, para lo cual dispuso de un monto de $18.990'.000.000, desconociéndose los procesos contractuales de planeación, transparencia, economía y selección objetiva. Los testigos y elementos materiales de prueba señalan que no hizo estudios previos, técnicos y financieros que justificaran la necesidad específica de adjudicar al beneficiario de esta contratación.
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