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La Procuraduría investiga a la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, por irregularidades en la suscripción de un contrato para la implementación del llamado corredor digital que tuvo un costo de más de 20 mil millones de pesos en el 2015.
Para el Ministerio Publico se violaron varias normas de la licitación pública como la no convocatoria de participación en la misma, es decir, contratación a dedo: "la entidad no tuvo la oportunidad de realizar una comparación de ofertas y elegir la más favorable".
"Al parecer -se gestó- con desconocimiento de los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que dicho proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas a la experiencia y la capacidad financiera", añade el ministerio público.
Según la Procuraduría se encontraron posibles irregularidades en el origen de los recursos usados para cubrir el contrato, "siendo la máxima responsable de la contratación del departamento (...) al parecer no se actuó con la diligencia debida y el cuidado necesario".
El caso está en manos de la segunda delegada para la contratación estatal que también vinculó a la secretaria de Educación, Bely Gnecco; Gilbert Meza Cerchar, director operativo, y a Gerardo Cujia Mendoza, profesional universitario de la administración departamental para la época de los hechos.
"La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los disciplinables como gravísima, a título de culpa gravísima".
