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Una juez de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a cinco personas como presuntos responsables de los actos de tortura previos al homicidio del joven Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón, en hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga en la localidad de Rafael Uribe en el sur de Bogotá.
Para la juez del caso es claro que sí hay una inferencia razonable de que se trato de un plan criminal orientado a causarle daño y una violencia excesiva que resultó con la muerte del joven Juan Felipe Rincón.
En la decisión se le dio la razón al a Fiscalía en el sentido de que estas cinco personas no solamente atentaron contra la vida y la dignidad de Juan Felipe Rincón, sino que lo torturaron y cometieron otras serie de delitos al instrumentalizar a otras menores de edad.
La juez también resaltó el informe de Medicina Legal que detectó una docena de golpes con objetos contundentes en el cuerpo del joven previo a haber recibido un impacto con proyectil de arma de fuego en su tórax.
Aunque el caso se venía manejando sólo por el delito de homicidio, desde hace varios meses el nuevo fiscal del proceso abrió una línea de investigación por la supuesta tortura que sufrió el joven antes de su muerte.
El abogado Juan Felipe Criollo, actúa para este caso como representante civil del director de la Policía Nacional, general William Rincón. El abogado Iván Cancino también es el apoderado y representante civil en este caso de la mamá de Juan Felipe Rincón.
Para la juez del proceso, la medida de aseguramiento resulta urgente, necesaria y proporcionada para los cinco presuntos implicados en este caso ya que se constituyen en un peligro para las víctimas y la comunidad.
La juez indicó que se determinó con base en las pruebas que la muerte fue causada por trauma torácico por arma de fuego, pero también sufrió golpes previos que generaron intenso dolor y sufrimiento. La agresión fue violenta y desproporcionada, dejando a la víctima en un estado de indefensión.
“Se le había infringido golpes que generaron dolor intenso, sufrimiento debido al trauma contundente y abrasivo en cabeza, espalda, extremidades superiores e inferiores, máxime de la angustia generada por la superioridad numérica, ya que fue incluso una agresión a mansalva con exceso de violencia por los mecanismos utilizados para agredir a una persona, la cual colocaron en situación de notable estado de indefensión”, concluyó la juez.
De acuerdo con la juez este caso conlleva a advertir una vez más la justicia sólo debe ser administrada por las autoridades y no por la comunidad.
“Se debe tener en cuenta que desde el día anterior de los hechos ya querían agredir a un ciudadano, querían hacerlo sufrir, enfrentarlo en donde hubo una violencia excesiva. En los videos y en las entrevistas se detalla que el hoy occiso soportó muchos golpes, y reitero, un sufrimiento del cual no había necesidad, porque es la justicia quien siempre debe juzgar y castigar, no la comunidad”, indicó.
¡No se trató de una riña callejera!
Según el fiscal delegado los diferentes pruebas permitieron determinar que no se trató de una riña callejera sino de un ataque brutal tras un plan criminal.
“No fue una riña callejera, golpearon a la víctima con objetos con tal violencia que un arma traumática se destruyó por la fuerza con la que lo golpearon. Y en este caso, se indica cómo un objeto diseñado para soportar un uso intensivo fue destrozado a golpes contra un cuerpo humano”, indicó.
Así mismo, sostuvo que “esa duración y ensañamiento, esa golpiza no cesó, ni siquiera cuando el escolta, identificándose como Policía, realizó disparos de advertencia. Los agresores continuaron golpeándolo. Eso revela que no sólo buscaban lesionar, sino aniquilar simbólicamente a la víctima”, manifestó el fiscal delegado.
Inocentes se declararon los cinco presuntos implicados
Con base en los hechos investigados la Fiscalía les formuló cargos por delitos de tortura, soborno a testigos, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento y alteración de pruebas.
Al ser interrogados por parte del juez de control de garantías ninguno de los implicados aceptó los cargos imputados por parte de la Fiscalía General y se declararon inocentes.
Orden de captura
En la misma decisión, la juez dictó orden de captura en contra Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López, Solano Trujillo Debia y Juan Sebastián Ávila con el fin de que cumplan con la medida de aseguramiento y sean recluidos en una cárcel.
