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El Gobierno anunció el inicio de una ofensiva militar contra la expansión del narcotráfico en los parques naturales, donde grupos guerrilleros disidentes están "promoviendo" incendios forestales para favorecer esa actividad ilegal.
"La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los parques nacionales naturales donde los criminales pretenden asentarse, (…) vamos a endurecer la ofensiva militar para sacarlos de sus madrigueras", dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
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El funcionario vinculó a desertores del proceso de paz de 2016 con el incendio que afectó el fin de semana el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena (sur), fortín por décadas de la guerrilla de las Farc, convertida hoy en partido político. La quema, que destruyó unas 700 hectáreas, ya fue controlada.
Según autoridades, los guerrilleros están "utilizando a los campesinos para cometer esta masacre contra la naturaleza".
"Lo que ocurrió en la Serranía de la Macarena es un crimen contra el medioambiente (…) Quienes hoy promueven los incendios son delincuentes que quieren destruir bosques y envenenar ríos para sembrar coca", señaló Trujillo.
Dentro de la ofensiva anunciada por el gobierno, el ministro dijo que se creará una fuerza de tarea ambiental para defender los recursos naturales en el segundo país más megadiverso del mundo, después de Brasil, según Naciones Unidas.
El gobierno de Iván Duque lanzó el año pasado la Operación Artemisa contra la deforestación, que en 2018 destruyó más de 197.000 hectáreas de bosque en Colombia, principalmente en la Amazonía.
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Además de la tala indiscriminada -asociada principalmente a la ampliación de la frontera agrícola-, la minería ilegal y el cultivo de coca acechan la riqueza natural.
Casi un 5% de las 169.000 hectáreas de narcocultivos que había en Colombia hasta 2018 estaban en áreas protegidas, según cifras oficiales. El país es el mayor proveedor mundial de la cocaína que se consume principalmente en Estados Unidos y Europa.
Los rebeldes de las antiguas Farc operan sin un mando unificado y se financian directamente del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales, según autoridades, que cifran en unos 2.300 los miembros de las disidencias.
