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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), abrió 12 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) y realizó la verificación de los mismos en otros cuatro casos de mutilación genital de menores en los departamentos de Risaralda y Chocó.
Además, el Instituto, a través de un equipo interdisciplinario realizó una articulación con hospitales y centros de salud, además de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, para identificar los casos reportados y realizar la asistencia técnica correspondiente a las Comisarías de Familia de los municipios que tienen a cargo los casos de mutilación genital femenina en el territorio correspondiente.
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"La mutilación genital femenina es una vulneración a los derechos de las niñas indígenas y por lo tanto, nos vemos en la obligación de protegerlas y aperturar los procesos para garantizarles sus derechos. Estamos trabajando con la comisaría de familia y el sector salud para brindarles atención inmediata a las víctimas", aseguró Adriana Velásquez, Subdirectora General del ICBF.
La subdirectora, también destacó que ICBF está promoviendo el diálogo genuino y el trabajo en conjunto con las comunidades indígenas para construir acciones que tengan arraigo cultural, pero que vayan en línea del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes y prevenga este tipo de violencia sexual.
A propósito de estos casos, la Procuraduría General de la Nación reveló que adelanta el seguimiento del caso de una bebé embera, denunciado por el hospital San Jorge de Pereira, después de practicarle una mutilación genital en el municipio de Pueblo Rico, en el occidente de Risaralda.
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Además, el diputado de Risaralda, Durguez Espinosa, reveló una preocupante cifra, y es que en la última década, se han presentado 144 casos como estos en poblaciones indígenas de Pueblo Rico y Mistrató, a pesar de que los gobernadores ya estaban estableciendo acuerdos con las comunidades indígenas para evitar este tipo de hechos.
