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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez el preacuerdo que firmó el patrullero de la Policía, Juan Camilo Lloreda hace un mes, en el que aceptó su responsabilidad en la muerte de Javier Ordóñez al interior del CAI Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá.
Este preacuerdo será analizado por el juez de conocimiento de Bogotá, quien será el que decidirá si avala o no el preacuerdo, con el que el uniformado busca una rebaja de la condena a cambio de colaborar con la justicia para esclarecer lo sucedido dentro del CAI, donde murió el estudiante de derecho a manos de la Policía, lo que causó indignación en el país y desencadenó en una ola de protestas en Bogotá y otras ciudades.
En la audiencia, la cual había sido suspendida el pasado 16 de marzo por una falla técnica, el patrullero Lloreda habría accedido a allanarse a los cargos de homicidio agravado y tortura agravada y podría ser condenado a pagar hasta 20 años de prisión.
Este preacuerdo le da un giro a la investigación pues el año pasado, en otra audiencia, Lloreda se había declarado inocente y negó haber tenido alguna responsabilidad en los hechos.
Su testimonio es importante para las autoridades pues podría declarar contra los demás policías que habrían participado en la muerte de Javier Ordóñez, quien fue brutalmente golpeado y sufrió varias descargas con una taser luego de ser detenido en plena vía pública cuando estaba en estado de embriaguez.
Horas después del hecho se hizo viral el video grabado por uno de los amigos de Ordóñez, en el que se observa a los uniformados descargar la pistola eléctrica en varias partes del cuerpo del hombre, mientras él pide que se detengan y no opone resistencia. Luego es trasladado en la patrulla al CAI, donde aparentemente habría sido golpeado hasta causarle la muerte.
El patrullero Lloreda fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos.
