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Al cumplirse un año del magnicidio de precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció a sus 39 años, tras luchar durante dos meses por su vida el 11 de agosto de 2025, víctima de un atentado en el parque el Golfito del barrio Modelia en el Occidente de Bogotá, su familia y el país sigue a la espera de que se judicialice a los responsables de haber dado la orden de cometer este crimen.
Hoy 365 días después, tras investigaciones de la Fiscalía, la Policía Nacional e incluso con el apoyo de agencias internacionales han sido vinculados 17 implicados, nueve de ellos capturados como autores materiales.
Las autoridades emitieron circular roja de Interpol y ofrecieron recompensas por más de 19.500 millones de pesos en contra de siete cabecillas de la segunda Marquetalia de la Disidencias de las Farc, quienes son buscados en 196 países, como los autores intelectuales del magnicidio.
Fiscalía impulsa proceso contra jefes de la Segunda Marquetalia
La Fm conoció que, tras un primer intento fallido, la Fiscalía avanza en la práctica de pruebas y órdenes de policía judicial con el fin de solicitar próximamente ante un juez que se declare como persona ausente a los siete excabecillas de la segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc señalados de haber ordenado el crimen.
La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó que una vez se avale esta solicitud, demostrando que se hizo todo lo posible para ubicarlos y notificarles de las acciones judiciales en su contra, los investigadores tendrán vía libre para imputarle cargos a estos jefes guerrilleros por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Las órdenes de captura están dirigidas contra Kendry Téllez Álvarez, como posible determinador del hecho; y por línea de mando a Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz y Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever.
Rastreo en el exterior a financiadores del crimen
La fiscal delegada, Deicy Jaramillo, confirmó a La FM que peritos contables y expertos agentes de policía judicial avanza en un rastreo en cuentas bancarias en Colombia y en el exterior, en países como Argentina y Ecuador, para identificar transacciones y otros movimientos con el fin de identificar a los presuntos financiadores de este magnicidio.
Con base en los hallazgos probatorios, los fiscales emitirán las respectivas órdenes judiciales para ubicar y capturar a otros de los implicados.
Los fiscales intensificaron las labores de verificación y rastreo de información forense y de seguridad para mapear a los capturados y sus comunicaciones, relacionando los registros de llamadas con la torre de telefonía celular que las procesó para reconstruir eventos y obtener evidencias técnicas para judicializar a otros involucrados con este magnicidio.
En el expediente se advierte que el grupo criminal conocido como ‘Plata o Plomo ’incluyó en el plan una bolsa de hasta mil millones de pesos para pagar a los sicarios y se destinaron 600 millones adicionales para sobornar a la justicia o silenciar a los implicados
Juez define dos nuevos preacuerdos de implicados
La FM conoció que un juez especializado de Bogotá definirá el próximo jueves 20 de agosto los preacuerdos firmados entre la Fiscalía con otros dos presuntos autores materiales del homicidio.
El juez deberá definir si avala la negociación lograda con Cristian Camilo González Ardila capturado y judicializado como el presunto motociclista encargado de labores logísticas y de transporte del sicario. El preacuerdo contempla una pena superior a los 11 años de prisión.
También se determinará si se da luz verde al preacuerdo que contenían una pena de 15 años de prisión para Jhorman David Mora Silva, sindicado de haber realizado una videollamada al menor sicario para convencerlo de ejecutar el ataque contra el senador Miguel Uribe.
Familia se opone a preacuerdo de ‘El Costeño’
Tras la oposición que realizó la familia del asesinado senador, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que definir si avala el preacuerdo logrado con la Fiscalía por parte de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o alias El Costeño, que contempló una condena a 26 años y 3 meses de prisión.
Según las investigaciones, Arteaga Hernández es señalado de coordinar el plan criminal y definir los roles que debían cumplir los demás implicados antes, durante y después de cometido el magnicidio.
Las pruebas recolectadas por los agentes de Policía judicial evidenciaron que alias El Costeño también estaría involucrado en las labores de vigilancia realizadas al senador Miguel Uribe y en el reconocimiento previo del lugar en el que se ejecutó el atentado.
De igual forma, se estableció que alias El Costeño, presuntamente entregó el arma Glock 9 milímetros al menor de 15 años que disparó contra el senador Uribe Turbay.
Desde finales de septiembre pasado Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, se encuentra recluido en la cárcel de Girón (Santander).
Los preacuerdos logrados con los otros capturados
Alias El Hermano
Un juez avaló el preacuerdo logrado con la Fiscalía por parte de William Fernando González Cruz, alias El Hermano, y lo condenó a 21 años y 9 meses de prisión, que cumple en la cárcel de La Dorada (Caldas).
La Fiscalía estableció que alias El Hermano participó del plan de escape al conducir el vehículo que transportó del parque El Golfito a alias El Costeño hacia un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.
Además, se determinó que González Cruz, al parecer, se encargó de vender el celular utilizado por Arteaga Hernández para coordinar el atentando.
Harold Daniel Barragán Ovalle
Según la Fiscalía Harold Daniel Barragán Ovalle presuntamente fue fundamental en la contratación del sicario de 15 años e hizo parte de la planeación del crimen. El preacuerdo fijó una condena de 21 años y cuatro meses de cárcel.
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo
Se estableció que Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, al parecer era el enlace directo entre quienes ejecutaron el ataque y los autores intelectuales del magnicidio. Con la negociación avalada por un juez fue a 22 años y 4 meses de prisión.
Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela
Tras ser condenada a 21 años y 2 meses de prisión, permanece en la cárcel de mujer El Buen Pastor de Bogotá permanece recluida Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, señalada de haber entregado el arma Glock 9 milímetros al menor de 15 años que ejecutó el magnicidio del congresista Miguel Uribe Turbay.
La mujer hizo un crudo relato sobre las indicaciones entregadas por alias El Costeño al joven sicario: “Ahí Elder (alias El Costeño) empezó a hablar del arma, que esta arma venía del extranjero y que era una Glock, que esta había costado como 15 o 20 millones, que era un juguetote. Además, Elder le dice, todos a la cabeza. El muchacho le dice, le voy a dar uno o dos en la cabeza y me voy. Elder le dice que no, que eran mínimo tres o cuatro y que se lo tenía que descargar todo que para eso tenía munición”.
Carlos Eduardo Mora González
Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, tras haber aceptado mediante preacuerdo con la Fiscalía, su participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador tendrá que cumplir una pena de 21 años de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
Según los investigadores de Policía judicial, Mora condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.
El menor sicario
El joven de 15 años, que fue aprehendido poco después del cometer el ataque con un arma tipo Glock 9 milímetros aceptó cargos ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá y fue sancionado a siete años que cumple en centro especial para menores en Pasto.
