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La crisis con los procesos judiciales se ha desatado por una determinación que adoptó el Consejo Superior de la Judicatura.
El alto tribunal ha decidido desmontar paulatinamente los juzgados para atender esos procesos penales, lo que deja en el limbo jurídico 1.343 casos de trabajadores víctimas de persecución, homicidios y amenazas en Colombia que aún no han sido resueltos.
Frente a esa situación, el gremio judicial ha enviado una comunicación al Consejo Superior de la Judicatura para que dé las respectivas explicaciones frente a esa decisión, que afecta el desarrollo de esos procesos.
En diálogo con LA F.m., Gloria Guzmán Duque, jueza 56 Penal del Circuito-Casos Violencia Contra Sindicalistas, indicó que con esa postura del Consejo Superior de la Judicatura se están violando estándares internacionales consagrados en la organización internacional del trabajo, OIT.
La jueza indicó que en los últimos 22 años, sólo se han producido 105 sentencias referidas a 86 víctimas.
