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Fracasó la primera audiencia en la JEP a la que fue citado el general (r) Mario Montoya y en la que se esperaba que firmara el acta en la que se compromete a contar la verdad de los denominados falsos positivos.
Tras cuatro horas, en las que se acreditaron los abogados de las víctimas y sus representados, como parte del trámite, la audiencia tuvo que ser suspendida debido a que hubo conflicto con respecto al reconocimiento de algunos familiares de los jóvenes asesinados como parte del proceso.
Mientras la defensa de los familiares pedía que estas personas fueran reconocidas como víctimas, la defensa manifestó que el general retirado no puede responder por los crímenes que fueron cometidos por las brigadas o unidades menores mientras él era comandante del Ejército, pues no conocía de las actuaciones de sus subalternos.
“Lo hemos reiterado muchas veces, la JEP es nuestro juez natural, y ante este juez empezaremos a demostrar la absoluta inocencia del general Montoya”, afirmó Andrés Garzón, abogado de Mario Montoya
Por su parte, el abogado Germán Romero, representante de las víctimas calificó como vergonzoso el hecho de que las víctimas lleguen con expectativas de conocer la verdad y, en su lugar, sean revictimizadas.
“La defensa de Mario Montoya ha manifestado una situación del absurdo y es que no se reconozca a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales porque, según su criterio, al ser comandante del Ejército entre el 2006 y el 2008, no tenía capacidad de mando sobre las unidades tácticas y menores que cometieron tales crímenes”, expresó el abogado.
La defensa de los familiares plantea que son 102 las victimas de los falsos positivos que involucran a Montoya.
Ahora la JEP deberá fijar una nueva fecha para la audiencia en la que Montoya se somete a esta jurisdicción asumiendo compromisos con la verdad, reparación de las víctimas y no repetición. A cambio recibirá beneficios.
Si incumple estos compromisos y no cuenta la verdad, podría verse sometido a un juicio en el que las condenas van de diez a 20 años de cárcel.
El general en retiro es el oficial de más alto rango que acude a la JEP y es investigado por, presuntamente, tener conocimiento y participar de cientos de homicidios de jóvenes que posteriormente fueron presentados como falsas bajas en combate mientras era comandante del Ejercito.
En el expediente contra el oficial en retiro reposan centenares de documentos y testimonios que vinculan a Montoya con la exigencia de “mostrar resultados operacionales” a cambio de permisos y condecoraciones en el marco del plan de Seguridad Democrática entre febrero de 2006 y noviembre de 2008.
