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Está en desarrollo una de las licitaciones más grandes del país en materia de seguridad, con un valor cercano a 200 mil millones de pesos.
La licitación corresponde al contrato de seguridad del SENA en sus cinco regionales y suma cerca de 200 mil millones de pesos. El proceso ha comenzado a generar suspicacias, debido a cuestionamientos sobre los pliegos de condiciones, que algunos consideran demasiado específicos para los perfiles solicitados.
Entre los requisitos se mencionan perfiles como un general en retiro con título en área de seguridad e ingeniería, experto en gerencia humana, con seminario en derechos humanos, diplomado en gerencia, magíster en área de seguridad y consultor de seguridad con cinco años de experiencia, además de contar con un año de antigüedad en la empresa que licita.
Las críticas señalan que la combinación de requisitos podría limitar la participación de empresas de seguridad, al exigir condiciones muy particulares. Situaciones similares se estarían presentando en varias regionales. El proceso avanza mientras se desarrolla el cronograma de adjudicación bajo la dirección del director del SENA, Jorge Eduardo Londoño. En medio de las observaciones planteadas, algunos sectores consideran necesario un mayor seguimiento institucional por parte de los organismos de control.
150 realizadores, productores, técnicos y organizaciones del sector audiovisual presentaron un derecho de petición dirigido al Ministerio TIC, a la junta directiva de RTVC y a varias entidades del Gobierno nacional, en el que solicitan explicaciones sobre decisiones recientes relacionadas con la asignación de recursos públicos para proyectos audiovisuales.
Licitación del SENA por $200 mil millones genera dudas
El documento plantea varias inquietudes que los firmantes consideran de interés público:
- Concentración de más de 21 mil millones de pesos de recursos públicos en tres proyectos audiovisuales, mientras se reducen convocatorias abiertas que históricamente financiaban decenas de producciones en el país.
- Reducción del presupuesto de la convocatoria ABRE CÁMARA, que pasó de 27 mil millones a cerca de 14–15 mil millones, lo que impactaría a productoras y trabajadores del sector audiovisual.
- Desaparición del Mercado de Coproducción de Señal Colombia, un mecanismo que durante más de una década financió más de 200 proyectos audiovisuales nacionales.
- Eliminación del mecanismo de coproducción de RTVCPlay, que apoyaba largometrajes colombianos en etapas de postproducción y distribución.
- Asignación directa de recursos, en lugar de convocatorias públicas competitivas.
- Denuncias laborales relacionadas con la producción de la película “Padilla”, asociadas a jornadas laborales, derechos sindicales y condiciones de trabajo del equipo técnico.
- Cuestionamientos sobre la contratación del actor Cuba Gooding Jr., quien tiene antecedentes judiciales por un caso de acoso sexual en Estados Unidos.
- Preocupación sobre los mecanismos de control y supervisión del uso de recursos públicos en estos proyectos.
El documento está respaldado por profesionales y organizaciones del sector audiovisual colombiano, quienes solicitan transparencia, rendición de cuentas y una reunión institucional para abordar estas inquietudes.
En el ámbito político han circulado versiones sobre un eventual interés de Armando Benedetti en la Alcaldía de Barranquilla o en participar en la campaña de Efraín Cepeda. En su momento, el ministro Benedetti negó esas versiones. No obstante, el tema ha continuado generando comentarios en escenarios políticos.
De acuerdo con versiones conocidas públicamente, una reunión habría sido convocada por el “ministro del Interior en funciones”, a la que habrían asistido funcionarios públicos, entre ellos directores regionales de la ANT, del DPS y de otras entidades.
Según esas versiones, en el encuentro se habría mencionado el apoyo a una eventual candidatura de Benedetti a la Alcaldía de Barranquilla, con respaldo político de Pulgar. Ese sector político habría ganado terreno en las pasadas elecciones regionales y buscaría disputar la alcaldía de la ciudad, que durante años ha estado bajo la influencia política de la familia Char.
En relación con el impuesto al patrimonio, se ha señalado que una de las universidades con mayor impacto sería la Universidad Externado de Colombia, debido a su participación del 20 por ciento en el Grupo Bolívar. Según estimaciones mencionadas en el contexto del debate, la institución podría pagar cerca de 23.400 millones de pesos.
Después aparecería la Pontificia Universidad Javeriana, con una cifra cercana a 9.111 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos mencionados sobre el impacto del impuesto al patrimonio en instituciones de educación superior.
