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Sigue la polémica en el país por el artículo 68 del proyecto anticorrupción, calificado de censurar a la prensa para denunciar a servidores público.
A pesar de que la Plenaria de la Cámara de Representantes eliminó las sanciones de carácter económico y carcelario que traía este artículo, aprobó que, "cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece".
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Dicho artículo recibió el apoyo de 59 congresistas entre ellos, Betty Zorro, representante a la Cámara por Cundinamarca de Cambio Radical, Teresa de Jesús Enríquez Rosero, representante a la Cámara por Nariño del Partido de la U, John Jairo Bermúdez Garcés, representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Mónica María Raigoza Morales representante a la Cámara por Antioquia del Partido de la U, Jorge Enrique Benedetti Martelo, representante a la Cámara por Bolívar de Cambio Radical y Emeterio José Montes De Castro, representante a la Cámara por Bolívar del Partido Conservador.
También fue avalado por Faber Alberto Muñoz Cerón, representante a la Cámara por Cauca del Partido de la U, Bayardo Gilberto Betancourt Pérez, representante a la Cámara de Cambio Radical, Diela Liliana Benavides Solarte, representante a la Cámara por Nariño del Partido Conservador, Milton Hugo Angulo Viveros, representante a la Cámara por Valle del Cauca del Centro Democrático, Felipe Andrés Muñoz Delgado, representante a la Cámara por Nariño del Partido Conservador.
Así mismo, José Jaime Uzcátegui Pastrana, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Eloy Chichi Quintero, representante a la Cámara por César y de Cambio Radical, Irma Luz Rodríguez Herrera, representante a la Cámara por Bogotá del partido Mira, John Jairo Roldan Avendaño, representante a la Cámara por Antioquia del Partido Liberal, Víctor Manuel Ortiz Joya, representante a la Cámara por Santander del Partido Liberal, Jaime Rodríguez Contreras, representante a la Cámara por Meta del Cambio Radical.
También fue respaldado por Óscar Tulio Lizcano González, representante a la Cámara por Caldas del Partido de la U, Henry Cuellar Rico, representante a la Cámara por Huila del Centro Democrático, Néstor Leonardo Rico Rico, representante a la Cámara por Cundinamarca de Cambio Radical, José Eliécer Salazar López, representante a la Cámara por César del Partido de la U, Aquileo Medina Arteaga, representante a la Cámara por Tolima de Cambio Radical, Hernán Humberto Garzón Rodríguez, representante a la Cámara Cundinamarca del Centro Democrático.
Consulte aquí el listado completo:
MOE rechazó aprobación de artículo
Desde la Misión de Observación Electoral (MOE), su directora, Alejandra Barrios, señaló que "no es el Congreso de la República quien debe indicar el tono y contenido de lo que las personas hablan. La ciudadanía no tiene por qué hablar según las sensibilidades de los funcionarios y ex funcionarios públicos.
La inclusión de este artículo, señala la MOE, “restringe la veeduría que hacen la ciudadanía, medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil a los funcionarios y exfuncionarios públicos” , lo cual atenta contra los principios de una sociedad democrática que nuestra constitución garantiza desde su preámbulo y el reconocimiento de derechos como la libertad de expresión.
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En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que por la importancia de la discusión sobre asuntos de interés público, el derecho a la información sobre estos asuntos debe ser protegida de forma reforzada.
"Por ello, por la naturaleza de las actividades a cargo de los funcionarios públicos, ellos deben estar sujetos a una mayor tolerancia ante la crítica y al control de su gestión pública, debiendo reducirse las restricciones al debate político o de cuestiones de interés público".
