La Procuraduría pide suspender los giros de la Imprenta Nacional a Portugal para el diseño de los pasaportes

El convenio entre Colombia y el país europeo está en jaque en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Ministerio Público demandó la alianza porque el Gobierno no adelantó una licitación pública para seleccionar al país europeo.
El Ministerio Público demandó la alianza porque el Gobierno no adelantó una licitación pública para seleccionar al país europeo. Crédito: Camila Díaz - La FM / Colprensa

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca imponer una medida cautelar que suspenda los giros que el Estado colombiano se comprometió a pagarle a Portugal en medio del contrato para fabricar los pasaportes.

Con un documento de ocho páginas, el procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, añadió la solicitud a la demanda que el tribunal tramita para posiblemente tumbar el convenio que firmó la Imprenta Nacional con la Casa de la Moneda portuguesa.

El Ministerio Público demandó la alianza porque el Gobierno no adelantó una licitación pública para seleccionar al país europeo. Ahora pide que, mientras la justicia llega a una decisión de fondo, el Tribunal suspenda los pagos que el Gobierno nacional acordó.

La Cancillería colombiana se comprometió, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a desembolsar más de 1,3 billones de pesos, en medio de una "deficiente estructuración económica del convenio", aseveró la Procuraduría.

El convenio con Portugal provocaría daños a las finanzas de Colombia

"Siendo así, se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio", como los giros prometidos, añade la solicitud.

Actualmente, los pasaportes son responsabilidad de Thomas Greg & Sons, pese a los intentos del presidente Gustavo Petro y de sus exministros de Exteriores —Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia— de arrebatarle la labor a la multinacional.

La Cancillería declaró en agosto, por segunda vez desde 2023, la urgencia manifiesta para extender las tareas de Thomas Greg hasta abril de 2026, mientras afina los detalles del convenio con Portugal, que está en jaque en el Tribunal Administrativo.

El Ministerio Público, por su parte, sancionó a Álvaro Leyva con diez años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Thomas Greg & Sons ha diseñado ininterrumpidamente las libretas desde 2007, y la administración de Petro ha fracasado en su intento de evitarlo.

Álvaro Leyva, el símbolo de la pelea de Petro con Thomas Greg

El Gobierno buscaba que Thomas Greg no fuese el único oferente para fabricar los pasaportes, lo que desencadenó varios líos jurídicos desde 2023. Leyva, entonces jefe de las relaciones internacionales, declaró desierta la licitación, y Thomas Greg demandó al Estado.

La Fiscalía ahora espera que, además de las sanciones disciplinarias, el político conservador de 83 años enfrente consecuencias penales. El ente acusador le imputará prevaricato el 9 de diciembre por "proferir varios actos administrativos contrarios a derecho".

El conflicto por la fabricación de los pasaportes les ha costado el cargo a varios miembros del gobierno de Petro. La primera en salir fue Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.

Zamora se convirtió en una testigo clave contra Leyva en la Procuraduría. El excanciller la trató de forma irrespetuosa porque ella buscaba una conciliación que le evitara al Estado un pago millonario a Thomas Greg por el fin intempestivo de la licitación de los pasaportes.

Los exfuncionarios que han salido del Gobierno por el lío de los pasaportes

Leyva fue el segundo. La Procuraduría lo suspendió mientras lo investigaba, y luego lo llamó al juicio con el que finalmente lo inhabilitó. El presidente Petro no lo defendió, así que desde entonces el bogotano se convirtió en un acérrimo opositor.

En agosto de este año, el Ministerio Público suspendió a Alfredo Saade, quien se desempeñaba como jefe de Despacho Presidencial. Petro lo conservaba en el cargo incluso un mes después de que Laura Sarabia renunciara a la Cancillería.

La Procuraduría revocó la suspensión de Saade en septiembre, pues ya no era un funcionario público. El ente de control sigue investigándolo por aparentes "conductas indebidas" para presionar la firma del convenio con la Casa de la Moneda de Portugal.

Sarabia dimitió del Ministerio de Exteriores en julio, luego de ser la mano derecha del presidente Petro. Ahora es embajadora en Reino Unido. Dejó su puesto en medio de confrontaciones con Saade por la adjudicación del contrato de los pasaportes.


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