La "guerra" de magistrados en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

En la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hay una guerra de magistrados. Sus protagonistas son dos. El magistrado César Reyes y la magistrada Cristina Lombana. En medio del enfrentamiento hay filtraciones selectivas, cruces de acusaciones y dilación de decisiones por rencillas personales sobre uno y otro despacho. El origen de esta guerra que está poniendo en vilo las investigaciones más importantes de la máxima instancia de la justicia en Colombia, es el caso del expresidente Álvaro Uribe.

Esa investigación la empezó Lombana, pero en el desarrollo del caso se aceptó un recurso en su contra tras haber pertenecido antes a las Fuerzas Militares, y considerar que podría haber algún conflicto cuando Uribe fue presidente y, por lo tanto, comandante en jefe de los militares.

Ese proyecto de decisión para quitarle la investigación a Lombana lo hizo justamente Reyes, y la investigación terminó en su despacho hasta que este decidió una medida de aseguramiento en contra de Uribe, lo que llevó a que el expresidente renunciara al Senado y su caso pasó a la Fiscalía. Desde entonces, ambos magistrados se han encontrado en una suerte de conflicto que pasa por demoras injustificadas en la resolución de recursos contra las investigaciones que podrían estar terminando en problemas para el debido proceso, las garantías judiciales y las investigaciones de la más alta corte del país en lo penal.

El origen de la Sala

La sala de Instrucción de la Corte Suprema fue creada por el Congreso y sus magistrados fueron posesionados en el gobierno del expresidente Iván Duque. La decisión de reformar el organigrama de la Corte se dio para entregarles más garantías a los indagados y lograr que una sala diferente investigara y acusara, y otra tuviera las decisiones de las sentencias. Antes una misma sala de la Corte investigaba y condenaba, lo que significaba para algunos expertos en derecho penal una deficiencia en garantías procesales. Por ejemplo, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue condenado en una única instancia sin el proceso que existe hoy y con la posibilidad de la casación.

Las consecuencias de la guerra de magistrados

Hace varias semanas el hoy embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, radicó una recusación en contra de la magistrada Cristina Lombana que lo investiga. Esa recusación debía ser resuelta en orden alfabético por el siguiente a Lombana, que era el magistrado César Reyes, pero el proyecto de la solución a la recusación se demoró semanas. Y, finalmente, empezó a ser discutido el jueves pasado sin llegar a un acuerdo en la sala. No es la primera vez que Benedetti interpone esos recursos y ahora la Corte se encuentra en el debate sobre si la investigación debe continuar llevándola la Corte o, si, ante la salida del Congreso y la pérdida del fuero, le corresponde ahora a la Fiscalía.

El problema es que la enemistad ha llegado a tal punto que personas en la Sala de la Corte han empezado a filtrar datos de las reuniones de los togados que deberían ser completamente reservados.

La FM conoció dos salvamentos de voto de Lombana en el caso de la exsenadora Arleth Patricia Casado en la investigación por Odebrecht, en el que la Sala se inhibió de investigar.

El salvamento, de la magistrada Cristina Lombana y el magistrado Francisco Farfán, se dio en duros términos por considerar atípica la decisión. "Preocupante resulta por lo menos que en asuntos como este, que se enmarcan en el escándalo de corrupción de Odebrecht, de tan innegable gravedad, trascendencia e impacto para la moralidad pública a nivel transnacional, la Sala lleve a cabo una investigación tan laxa y condescendiente, para concluir, al margen de toda justificación admisible, que el tráfico de influencias en que pudo incurrir la aforada, simplemente no existió, sin reconocer ni siquiera una margen de duda razonable, que debió superarse a través de una averiguación verdaderamente integral, estricta, inflexible y enérgica”.

Pero, ¿qué pasó con esa investigación?

La magistrada señaló que la relación de Casado con el caso Odebrecht era más que evidente. Un yerno suyo, Juan Manuel González Paz, era socio de la empresa Bonus Banca de Inversión, al que se le entregó un contrato de consultoría para la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena entre Odebrecht y Cormagdalena. La empresa del yerno de Casado recibió un 3 % del valor total del contrato, por alrededor de 4.822 millones de pesos.

La suma fue pagada como comisión de éxito por parte del consorcio Navelena, “cuyo socio mayoritario era la multinacional Odebrecht y Valorcon, empresa de la familia Gerlein”, dice el salvamento.

Y, más adelante, puntualiza que, de esa comisión, “Casado habría recibido un porcentaje como retribución”.

La magistrada se quejó de que la sala no quiso investigar si la senadora pudo haber tenido un interés indebido para que su yerno lograra ese contrato de la empresa brasileña. “La sala mayoritaria desconoce de manera palmaria que los delitos de encuentro relacionados con corrupción administrativa, como en el caso Odebrecht, se canalizan a través de organizaciones criminales, y en dicho marco, los contactos y estrategias delictivas se llevan a cabo en un escenario de clandestinidad y ocultación”.

El vehemente salvamento de voto también se queja de que la indagación de la Corte no quiso averiguar si la investigada había pertenecido o no al Partido del Ñoño Elías y Otto Bula, ambos condenados por el escándalo.

Y, del otro lado, también hubo una publicación. El pasado fin de semana, El Espectador expuso la historia del papel de Lombana en el caso del senador Lidio García. En el despacho de la magistrada había una investigación por supuestos hechos de parapolítica. Allí, los magistrados Reyes y Marco Antonio Rueda dejaron una constancia sobre la decisión de Lombana, que consideró que se debía prescribir la investigación por tratarse de hechos ocurridos hace casi diez años.

Los magistrados denunciaron que habría una ausencia en decretar algunas pruebas por parte de la magistrada para dejar que el caso tuviera que cerrarse. “Existió un inusual desinterés en el acopio de la prueba que se evidencia en que solo en 2021 Lombana dispuso avanzar en la ubicación de varios jefes ex paramilitares”, dice la aclaración de ambos togados. Se trata de un duro señalamiento para supuestamente no investigar un caso de para política.

Así, entre un duro cruce de acusaciones, y utilizando los salvamentos y aclaraciones de voto para dejar sus cuestionamientos, pasan los días en la Sala de Instrucción de la Corte. Pero, además, con filtraciones que podrían poner en peligro la seguridad de las investigaciones para que lleguen a fin.