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La inteligencia artificial ya hace parte del día a día de la justicia en Colombia, pero su uso tiene límites claros. Así lo explicó un panel de expertos en el programa Aquí y Ahora de La FM, donde el magistrado Mauricio Rodríguez, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, junto a los abogados Jennifer Olivero y Daniel Largacha, analizaron hasta dónde puede llegar la IA dentro de un proceso judicial y qué riesgos trae su mal uso.
¿Qué dice la sentencia sobre el uso de la IA en la justicia?
El punto de partida de la discusión fue la sentencia T-323 de 2024, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, en la que la Corte Constitucional advirtió que la inteligencia artificial sí puede usarse en la administración de justicia, pero bajo condiciones específicas. Según Rodríguez, esa decisión estableció "la garantía judicial del juez humano", es decir, que ninguna herramienta tecnológica puede sustituir el criterio de quien debe fallar.
El magistrado fue enfático en que la IA "no puede ser utilizada para motivar las decisiones judiciales propiamente" ni para "sustituir o remplazar el raciocinio del ser humano". Explicó que la Corte dejó en claro que la inteligencia artificial no puede valorar pruebas, no puede evaluar el comportamiento de una persona en un proceso penal ni disciplinario, y mucho menos tomar la decisión final.
A partir de ese fallo, el Consejo Superior de la Judicatura expidió un acuerdo en diciembre de 2024 para regular las condiciones de uso de la IA en los despachos judiciales, buscando proteger el habeas data y la información sensible de los ciudadanos.
¿Para qué sí se puede usar la inteligencia artificial en los procesos judiciales?
Los tres expertos coincidieron en que la IA es una herramienta válida como apoyo operativo, siempre que no reemplace el juicio humano. Rodríguez explicó que puede servir para tareas administrativas, para elaborar resúmenes y para ubicar insumos que ayuden a redactar una providencia. Además, recordó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial expidió una providencia el 13 de mayo de este año en la que definió en qué actividades operativas y de apoyo puede emplearse la IA en la rama judicial.
Daniel Largacha añadió que la inteligencia artificial también resulta útil en la consolidación de material probatorio en procesos extensos, así como en investigaciones de delitos económicos y de cuello blanco, donde ayuda a detectar posibles colusiones o afectaciones al mercado. Eso sí, aclaró que una cosa es hacer "resumen probatorio" y otra muy distinta es la valoración de las pruebas, tarea que sigue siendo exclusiva del funcionario judicial.
Jennifer Olivero contó que ella misma usa la IA en su ejercicio profesional, principalmente para ortografía, redacción y búsqueda de jurisprudencia a través de herramientas como NotebookLM. Sin embargo, insistió en que quien usa estas herramientas debe verificar siempre la información entregada, porque la IA "está preentrenada para que te satisfaga lo que tú estás buscando", lo que puede derivar en errores o imprecisiones si no se contrasta el resultado.
¿Cuáles son los riesgos del uso de la IA en los fallos judiciales?
Uno de los riesgos más comentados por el panel fue la falta de transparencia sobre el uso de estas herramientas. Olivero mencionó un caso en el que una sala de casación civil habría usado IA para redactar una providencia sin editar el texto por completo, dejando frases como "indícame en qué más te puedo ayudar" dentro del documento final, lo que evidenció el uso no declarado de la herramienta.
Largacha, por su parte, alertó sobre la llamada "crisis de autenticidad" en materia probatoria: la posibilidad de que un video o una imagen sean alterados mediante IA antes de ser presentados como prueba. Citó el caso estadounidense Washington vs. Puloka, en el que se rechazó un video mejorado con inteligencia artificial mediante el test de Frye, usado para evaluar la validez científica de una prueba.
¿Cómo se debe regular la inteligencia artificial en la justicia?
Para Olivero, más que nuevas normas, lo urgente es la pedagogía: enseñar a jueces, abogados y ciudadanos qué tipo de IA usar y cómo proteger los datos personales al hacerlo. Rodríguez coincidió en que ya existe un marco disciplinario suficiente para sancionar el mal uso de la IA por parte de servidores judiciales y abogados, por lo que el reto está en la capacitación, no en crear más normas.
Largacha propuso además actualizar los manuales de investigación criminal y capacitar a la Policía Judicial y a la Escuela Judicial en el manejo de estas tecnologías, tanto desde el punto de vista ético como probatorio. Los tres expertos coincidieron en que la tecnología seguirá avanzando y que la justicia colombiana debe anticiparse a esos cambios en lugar de reaccionar cuando ya se hayan presentado los problemas.
