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Con un memorial que toda la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia firmó, el máximo tribunal de la justicia ordinaria le reclamó a la Corte Constitucional por el trámite que adelanta frente a una tutela de Bernardo Moreno Villegas.
Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) del expresidente Álvaro Uribe, permanece condenado por tráfico de influencias y bajo prisión domiciliaria por su participación en el escándalo de corrupción de la Yidispolítica.
La Corte Suprema lo sentenció en dos instancias por haberles ofrecido cargos en entidades estatales a personas cercanas a la ex representante a la Cámara Yidis Medina a cambio de que votara por el acto legislativo que entonces avaló la reelección inmediata de Uribe.
El exfuncionario, a su turno, interpuso una tutela cuestionando las decisiones y aseverando que la Suprema vulneró sus derechos fundamentales. La Constitucional admitió la demanda en julio, y desde entonces el magistrado Juan Carlos Cortés la analiza.
Cortés decretó varias pruebas para avanzar en el caso, como conceptos de universidades que la Sala Penal desestima. "Resulta equivocado", dice la Corte Suprema, "decretar pruebas técnicas de carácter jurídico dentro de un trámite sobre derechos fundamentales".
Para la Suprema, buscar apreciaciones de expertos, como del Colegio de Abogados Penalistas, "es indeseable en un Estado de derecho", pues implicaría que la sentencia al final no sería examinada "a la luz de la doctrina de la tutela contra providencias judiciales".
"El concepto del particular experto en materias jurídicas propias del ámbito funcional de los jueces de los diferentes órdenes no puede ser el validador de que una decisión fue correcta, acertada o legal", concluyó la corporación liderada por la magistrada Myriam Ávila.
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La Sala de Casación Penal fue la que ratificó en agosto del año pasado la sentencia de cinco años y siete meses de prisión contra Moreno Villegas, quien puso a disposición de Yidis Medina la Red de Solidaridad Social, el Sena y varias notarías.
Desde octubre de 2023 la Corte ha considerado a Moreno culpable, subrayando que concretó un "pacto ilegal" con el que presionó a varias jefaturas para llegar a resoluciones o decretos de nombramientos en favor de Medina para asegurar su apoyo a la reelección.
En febrero de 2025, la Sala de Primera Instancia le concedió al exsecretario de Uribe el beneficio de prisión domiciliaria luego de seis meses en la cárcel, considerando que mantener restricciones como la prohibición de participar en política es suficiente.
La Sala Penal insistió en su escrito para la Corte Constitucional en que "mal podrían decretarse como pruebas las opiniones de expertos juristas que califiquen el criterio jurídico empleado para decidir el asunto adelantado contra el accionante".
