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El caso por la muerte de Sara Ayolina Salazar Palacio, la niña de 3 años que en 2017 falleció en medio de maltrato, injusticias y omisión por parte de una de las entidades encargada de proteger sus derechos, aún sigue vivo en el ámbito jurídico donde se espera que todos los responsables paguen por estos hechos, pese a que la pequeña vida ya se apagó.
Tras más de dos años de su muerte aún continúa el proceso abierto, pues las investigaciones han determinado que pese a que los responsables materiales de este crimen ya se encuentran tras las rejas, hubo más personas que tuvieron responsabilidad, como es el caso de Katherine de los Ángeles García Rodríguez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comisaria de familia en Tolima, a donde llegó el caso un año antes del deceso de la menor de edad.
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Es por esto que ahora arranca un nuevo juicio en el que la excomisaria deberá enfrentar y defenderse ante los delitos que le imputa la Fiscalía como son prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por omisión; esto luego de que el ente acusador determinara que la mujer, en un cumplimiento irregular de sus funciones, hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, elevaron para proteger y restablecer los derechos de la niña.
El drama de Sarita
El nuevo juicio revive el drama de esta menor que inició un año antes de su muerte, justo el día de su bautismo cuando Ruth Salazar, mamá de Sara, decidió acercarse a una Comisaría de familia en compañía de Ángela Johanna Guerra y Edilberto Rojas Torres, una pareja que se habría ofrecido a recibir en adopción a la niña, pues era la menor de 8 hijos de Ruth y ya no tenía cómo mantenerlos.
Tras hacer unos papeles en la Comisaría, la funcionaria Katherine de los Ángeles García Rodríguez entregó la custodia de la menor de edad a la pareja que se la llevó a vivir junto a sus cuatro hijos. La investigación de la Fiscalía revela que en la Comisaría se suscribió un acta en el que Sara quedó bajo el cuidado de sus padrinos, sin embargo, este no era el procedimiento que se debía seguir para definir la custodia de la niña ya que “no se trataba de un tema de conciliación”.
En estos casos lo que se debe hacer es buscar el apoyo de otras entidades como ICBF, además de consultar y corroborar la existencia de familiares cercanos a la niña que quisieran asumir su cuidado o buscar un hogar sustituto que esté avalado por las entidades pertinentes. Por el contrario, en un breve proceso la comisaria de ese entonces, Katherine de los Ángeles, entregó toda la responsabilidad de la menor de edad a esta pareja sin siquiera “revisar la situación del nuevo hogar ni el entorno familiar”.
Pasaron unos meses y un día la menor entró de urgencia al hospital regional de El Líbano, donde el dictamen de su estado fue anemia avanzada y desnutrición, un cuadro que llevaría a revisar las condiciones en que se encontraba la pequeña Sara.
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Sin embargo esto no pasó y la niña continuó viviendo con sus padres adoptivos; pero unos meses más tarde la niña ingreso nuevamente de urgencia a otro hospital. Esta vez llegó desmayada, con los ojos morados y bajo el argumento de sus padrinos que la había picado un animal. Pero más allá de la picadura, los médicos detectaron que Sara Ayolina Salazar se encontraba en un evidente estado de abandono, evidenciaron signos de maltrato, desnutrición y descalcificación.
Ante este panorama se envió un reporte con la alerta ante las autoridades competentes, incluyendo a la funcionaria que otorgó el cuidado a sus padrinos, la comisaria García Rodríguez. Pero esto tampoco fue suficiente, pues no hubo alguna acción de alerta para revisar la custodia y garantizar los derechos de la menor de edad.
Otros meses pasaron y la condición de Sarita no mejoró, algo que se evidenció en otro informe en el que se reportó el detrimento del estado de salud de la menor, al tiempo que se reportó una nueva supuesta omisión de la funcionaria, pues no acudió a verificar el estado de la pequeña.
Llegó abril de 2017 y Sarita, quien además había dejado de asistir a la escuela por decisión de sus padrinos, ingresó una vez más a la unidad de urgencias de un hospital en Tolima, lo que sus “cuidadores” desconocían es que esta sí era la última vez que la niña visitaría en este este estado un hospital, pues su pequeño cuerpo no resistiría más maltrato y abandono.
Bajo ese estado, el sábado 21 de abril los médicos del hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, dictaminaron la muerte de Sara Ayolina Salazar Palacio. Un lamentable estado produjo en deceso de la pequeña, quien a través de su cuerpo había emitido varias alertas de maltrato.
Lo que encontraron los médicos en este último ingreso a urgencia fue mucho más desgarrador. Un pequeño cuerpo con múltiples heridas en el pecho, un trauma craneoencefálico severo, amputación de su dedo anular izquierdo, levantamiento de la uña del dedo corazón de la mano derecha, fractura en el brazo izquierdo y varias cicatrices en las dos piernas producto de agresiones causadas, al parecer, con arma blanca. Esto no fue todo, además del aberrante maltrato, a Sara le encontraron serios indicios violación sexual.
La versión de Ángela Johanna Guerra, su madrina de bautismo, fue que la niña se había lastimado tras caerse de la cama y que por eso decidió llevarla al médico, una situación que se contradice con las lesiones halladas a la niña.
Tras la muerte y posterior captura de los padrinos de Sara, la comisaria García Rodríguez renunció a su cargo. Sin embargo, la Fiscalía indagó sobre cómo ella llevó el proceso de la niña y determinó que su actuar fue negligente, por esta razón fue vinculada al proceso de investigación por la muerte de la menor de edad y, cuatro meses después, capturada.
Y es que aunque a que la exfuncionaria no tuvo que ver con el maltrato físico al que fue sometido Sarita, sí tuvo responsabilidad en cuanto al manejo que le dio al caso, haciéndose partícipe de maltrato por omisión, pues fue la primera autoridad que conoció de las condiciones en que se encontraba la niña y aun así, según la Fiscalía, decidió archivar el caso porque supuestamente no encontraba evidencia de maltrato físico o psicológico, pese a las alertas y dictámenes remitidos por las entidades que atendieron médicamente a la menor.
Ahora la excomisaria Katherine de los Ángeles García Rodríguez enfrentará un proceso en el que se determinará su responsabilidad en el caso, en el que lamentablemente se perdió una vida.
