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Cuatro días después del bombardeo en Guaviare en el que murieron tres menores de edad reclutados forzosamente por las disidencias de las Farc, la justicia suspende las operaciones de ese estilo que pongan en peligro a niños, niñas y adolescentes.
La decisión judicial quedó consignada en un auto de ocho páginas del Juzgado 34 de Familia de Bogotá, que admitió una tutela que busca frenar los bombardeos en las zonas donde haya información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores entre los objetivos militares atacados.
Marggy Viviana Arciniegas, la juez que firmó la medida cautelar, le ordenó al presidente Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares abstenerse de ejecutar bombardeos mientras el proceso de tutela llega a una decisión de fondo.
Si el Ejecutivo y la fuerza pública optan por una acometida aérea, deberán verificar qué medidas pueden servir para proteger a los menores y qué alternativas podrían ser menos lesivas. "Los derechos cuya protección se reclama corresponden a niños, niñas y adolescentes presuntamente reclutados o utilizados por grupos armados", señala el auto.
El reclutamiento de niños y las muertes en operaciones militares
El gobierno de Abelardo de la Espriella llegó con la promesa de atacar con más intensidad a las estructuras criminales. El expresidente Gustavo Petro autorizó su primer bombardeo en julio de 2024, dos años después de llegar a la Casa de Nariño, y en su cuatrienio la fuerza pública efectuó veinticinco en total. El presidente De la Espriella ha ordenado tres en sus primeras tres semanas.
La Defensoría del Pueblo, en su más reciente Radiografía de los derechos humanos —que le entregó al jefe de Estado y al Congreso de la República— reportó 682 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026. Y advirtió con serenidad, sin abandonar la alarma, sobre la trampa de los números:
“La reducción de los casos no necesariamente significa una disminución del fenómeno, debido a los riesgos, temores y dificultades para denunciar”. El conflicto cobra vidas jóvenes, aun de forma silenciosa, como lo demuestran las 71 muertes de menores en operativos militares entre agosto de 2022 y junio de 2026.
El primer bombardeo de la administración de De la Espriella fue ejecutado tres días después de su posesión, contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la convulsa región del Catatumbo. El segundo, el 27 de agosto en Guaviare, contra las disidencias de las Farc que comanda alias 'Calarcá', y el tercero, el 30 de agosto, contra una facción de 'Iván Mordisco' en el mismo departamento.
La primera y la tercera operación provocaron la muerte de al menos cuatro menores de edad, uno en Norte de Santander y tres en Guaviare, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal. El Gobierno defiende las operaciones tachando a los menores de estar en "función continua de combate", una categoría en la que un miembro de los grupos armados se convierte en objetivo legítimo.
La decisión no frena las ofensivas, pero exige extremar la protección de menores
Guaviare es un territorio especialmente crítico. En noviembre del año pasado, tras un bombardeo que avaló el expresidente Petro, siete adolescentes murieron. Durante la administración de Iván Duque, de acuerdo con Medicina Legal, en todo el país murieron 42 niños, niñas y adolescentes en operaciones militares.
La cúpula militar de De la Espriella, el propio mandatario, la Defensoría, la Procuraduría, Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación tienen dos días para participar en el trámite de la tutela que impulsó Ower Jimmy Borda Parra asegurando ser "agente oficioso" de, en abstracto, los menores de edad "reclutados o utilizados por grupos guerrilleros".
"No se pretende ordenar la suspensión general de las operaciones militares ni impedir al Estado el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad y defensa", apunta la jueza Arciniegas, quien resalta en el auto "la prevalencia constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes", además de "su condición de víctimas cuando han sido reclutados o utilizados en el conflicto armado".
Si el Estado sigue adelante con las ofensivas sin atender "el deber constitucional de precaución", que "adquiere especial intensidad", podría incurrir en "una eventual afectación a la vida" que sería "irreversible". Por eso, la juez de tutela suspendió los bombardeos, no en general, sino en casos en los que exista información sobre niños, niñas o adolescentes víctimas de reclutamiento forzado o utilización en las hostilidades.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué ordenó la justicia sobre los bombardeos en zonas donde haya menores reclutados?
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó suspender los bombardeos en los lugares donde exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados. La medida cautelar estará vigente mientras se resuelve de fondo una tutela presentada en defensa de los menores.
¿La decisión judicial suspende todos los bombardeos de las Fuerzas Militares?
No. La jueza Marggy Viviana Arciniegas aclaró que la medida no pretende impedir de manera general las operaciones militares ni limitar las funciones constitucionales de seguridad y defensa del Estado. La suspensión aplica específicamente cuando exista información sobre la presencia de menores víctimas de reclutamiento o utilización en las hostilidades.
¿Cuántos menores han muerto en operaciones militares y cuántos casos de reclutamiento se han reportado?
Según la Defenosría del Pueblo, 71 niños, niñas y adolescentes murieron en operaciones militares entre agosto de 2022 y junio de 2026, en el gobierno de Gustavo Petro. El Ministerio Público registró, además, 682 casos de reclutamiento forzado en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026, aunque advirtió que la reducción de denuncias no necesariamente significa que el fenómeno esté disminuyendo.
¿Qué deberán hacer el Gobierno y las Fuerzas Militares antes de realizar un bombardeo?
Si las autoridades contemplan ejecutar una operación en una zona donde haya información sobre menores, deberán verificar qué medidas pueden adoptar para protegerlos y qué alternativas podrían resultar menos lesivas. La jueza enfatizó que el deber de precaución adquiere especial importancia cuando están en riesgo niños, niñas y adolescentes, debido a que una afectación a su vida sería irreversible.
