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Una nueva propuesta que avanza en el Congreso busca endurecer las sanciones contra quienes cometan actos vandálicos durante manifestaciones públicas mientras ocultan su identidad.
La iniciativa es promovida por los representantes a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático. El proyecto plantea modificar el Código Penal y crear un nuevo tipo penal para quienes utilicen máscaras, pasamontañas u otros elementos para cubrir su rostro mientras cometen actos vandálicos en medio de una protesta.
La propuesta contempla penas de entre cuatro años y medio y ocho años de prisión. Según Triana, el objetivo es que quienes sean encontrados responsables no puedan acceder fácilmente a la libertad.
En entrevista con La FM, el representante explicó los alcances de la iniciativa y respondió a las críticas de quienes consideran que podría afectar el derecho constitucional a la protesta.
¿Qué busca castigar la llamada ley anticapuchos?
Triana explicó que el proyecto no busca sancionar a cualquier persona que participe en una manifestación con el rostro cubierto. La propuesta apunta específicamente a quienes combinen el ocultamiento de su identidad con la comisión de actos vandálicos.
“Este proyecto tiene como objeto modificar el Código Penal para sancionar a quienes, ocultando su identidad, ejecuten actos vandálicos en el marco de cualquier manifestación pública”, expresó el representante.
Por eso, según el congresista, una persona que utilice una máscara o un pasamontañas durante una protesta pacífica no tendría que enfrentar una sanción.
“Una persona puede salir a protestar y marchar tapando su cara, ocultando su cara. Claro, lo puede hacer, siempre y cuando lo haga de manera pacífica”, aseguró.
La situación sería diferente cuando el cubrimiento del rostro se utilice para evitar la identificación mientras se cometen delitos: “Si una persona decide protestar con una máscara, con un pasamontañas, pero lo hace de manera pacífica, no pasa nada”, reiteró.
¿Por qué las penas serían de hasta ocho años?
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el aumento de las penas. El proyecto plantea una condena de entre cuatro años y medio y ocho años para quienes incurran en el nuevo delito. Triana explicó que el propósito es evitar que la sanción termine siendo fácilmente reemplazada por la libertad del responsable. “¿Por qué de cuatro años y medio a ocho años? Para que no sea excarcelable”, afirmó.
Para el congresista, la medida busca generar un efecto disuasorio entre quienes participan en manifestaciones con la intención de cometer actos violentos.
Triana mencionó entre las conductas que preocupan a las autoridades los ataques contra policías, los daños a CAI, la destrucción de bienes públicos y privados y las agresiones contra funcionarios.
“Lo que está ocurriendo en Colombia es que quienes generalmente, o algunos que ocultan su rostro, incendian policías, incendian CAI, apuñalan funcionarios de instituciones educativas, destruyen bienes públicos y bienes privados ocultando su rostro”, sostuvo.
¿La propuesta criminaliza la protesta?
Este es uno de los principales debates que deberá enfrentar el proyecto durante su trámite en el Congreso. Triana rechazó que la iniciativa busque limitar el derecho a la protesta o la libertad de expresión: “Este proyecto no criminaliza la protesta, en ningún momento”, afirmó.
Según el representante, el derecho a manifestarse está protegido, pero no puede utilizarse como argumento para justificar delitos: “No es constitucionalmente legítimo el que oculta el rostro para delinquir, para incendiar una ciudad o para cometer actos vandálicos”, señaló.
El congresista también recordó que existen decisiones judiciales relacionadas con el uso de elementos para cubrir el rostro durante las protestas. Su interpretación es que esta práctica puede estar amparada cuando la manifestación se desarrolla de manera pacífica, pero pierde esa protección cuando se utiliza para cometer delitos.
¿Cómo se identificaría a los encapuchados?
Una de las principales preguntas que genera el proyecto es cómo las autoridades podrán identificar a una persona que precisamente cubre su rostro para evitar ser reconocida.
La situación puede ser aún más complicada cuando se trata de protestas numerosas, en las que resulta difícil determinar quiénes participaron directamente en los actos vandálicos.
Triana reconoció esta dificultad, pero considera que la nueva figura penal puede convertirse en una herramienta adicional para la Fiscalía.
