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Néstor Segundo Primera, Juez Segundo Penal Municipal con función de control de garantías, decidió restablecer los derechos de Silvia Gette Ponce para que asuma nuevamente la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. El despacho concluyó que su reemplazo en 2013 se produjo mediante actuaciones presuntamente ilegales y contrarias a los estatutos de la institución.
El fallo determinó que la designación de un nuevo rector, ocurrida mientras Gette se encontraba en licencia, estuvo rodeada de irregularidades que invalidan las decisiones adoptadas en dicho proceso.
"Se restablezca el derecho no solo a favor de la señora Silvia Beatriz Gette Ponce, en calidad de rectora en propiedad, sino a su vez de los órganos de control vigentes para el 20 de mayo de 2013: la Sala General, el Consejo Directivo y los estatutos vigentes para esa fecha", sentenció el juez durante la audiencia.
El origen de la irregularidad
Según el acta 825 del Consejo Directivo, Gette había obtenido una licencia remunerada por seis meses a partir del 11 de febrero de 2013. De acuerdo con el artículo 40 de los estatutos, el encargado de asumir la rectoría temporalmente debía ser el vicerrector, Mariano Romero Ochoa. El juez reiteró que esta era la única vía legal para suplir la ausencia de la rectora.
Sin embargo, durante ese periodo se llevaron a cabo reuniones en las que participó Ramsés Vargas Lamadrid, quien, según la investigación, no era miembro activo al momento de intervenir y votar. El despacho halló que Vargas Lamadrid fue reconocido como miembro activo meses después, lo que evidencia que su participación previa carecía de sustento legal.
“La postura de casi todos los sujetos procesales reconoce que hay inferencia razonable y evidencia física que soportan la presunta comisión del delito de fraude procesal, y que la inscripción de Ramsés Vargas Lamadrid estuvo viciada de ilegalidad. Así lo reconocen incluso los delegados de la universidad y del Ministerio de Educación”, añadió el funcionario judicial.
Efectos jurídicos anulados
El juez concluyó que el nombramiento de Vargas Lamadrid —primero como encargado y luego en propiedad— no cumplió con los requisitos de ley. En consecuencia, ordenó suspender los efectos de las decisiones contenidas en el acta 827 del 20 de mayo de 2013 y todas las actuaciones derivadas de ese nombramiento.
El proceso continúa
Durante la diligencia, representantes del Ministerio de Educación y de la universidad interpusieron recursos de apelación, los cuales serán sustentados en los próximos días.
Este caso se enmarca en una investigación por presunto fraude procesal, donde se analiza la posible manipulación de documentos internos para lograr el nombramiento irregular. El juez advirtió que, de confirmarse estas anomalías, todas las actuaciones administrativas posteriores podrían quedar igualmente invalidadas.
