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La juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá se abstuvo de dar legalidad al principio de oportunidad que la Fiscalía había suscrito con Dana Canizales, expatrullera de la Policía Nacional, en relación con el delito de violación ilícita de comunicaciones, quien participó en el caso de las chuzadas en contra a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la actual canciller, Laura Sarabia.
La juez argumentó que el acuerdo presentado por la Fiscalía carecía del test de proporcionalidad, un requisito fundamental en la evaluación de cualquier principio de oportunidad. Esta omisión fue suficiente para que la juez decidiera no validar el acuerdo.
En respuesta a la decisión, la fiscal encargada del caso no presentó recurso de apelación, lo que deja abierta la posibilidad de que se solicite nuevamente la legalidad del beneficio, en caso de que se presenten nuevos elementos o ajustes en la negociación.
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El principio de oportunidad ofrecido a Canizales contemplaba inmunidad parcial durante un año, a cambio de que la expatrullera declarara contra el capitán Óscar Leandro Mújica, quien también estaría involucrado en la creación de informes falsos que engañaron a dos funcionarios judiciales: la fiscal 101 de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá y el juez 32 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.
¿Cómo avanza el proceso judicial de Dana?
En septiembre del 2024, la juez 53 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá dictó una condena de 10 años de prisión para los patrulleros Dana Canizales y Alfonso Quinchanegua, tras aprobar los preacuerdos firmados con la Fiscalía General de la Nación. Ambos uniformados admitieron su participación en las interceptaciones ilegales de Marelbys Meza y Fabiola Perea, y aunque fueron condenados, la juez les otorgó el beneficio de prisión domiciliaria.
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Durante su audiencia, los patrulleros ofrecieron disculpas a las víctimas y expresaron su arrepentimiento por los daños morales y psicológicos ocasionados y aseguraron que actuaron bajo órdenes de sus superiores y se comprometieron a colaborar como testigos clave en la investigación.
Incluso, podrían declarar en contra de otros involucrados en las maniobras ilegales, incluidos algunos uniformados y particulares que habrían engañado a funcionarios judiciales para obtener las autorizaciones para las chuzadas.
