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La juez 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías devolvió a la Corte Suprema de Justicia el proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, que lo mantiene con detención domiciliaria.
Según explicó la juez 30, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá definir de fondo la competencia del caso; es decir, cuál es la ley sobre la cual deberá llevarse el proceso contra Uribe: si es la Ley 600 del año 2000 (antiguo sistema judicial) o si es la Ley 906 de 2004 (actual Sistema Penal Acusatorio).
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Con la decisión que adopten los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se aclara quién tiene la competencia sobre la solicitud de libertad que la defensa de Uribe presentó.
Cabe mencionar que, si el proceso continúa bajo la Ley 600, la Fiscalía deberá resolver la petición. No obstante, si se define que debe aplicarse el Sistema Penal Acusatorio, será un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías quien la defina.
Sigue privado de la libertad
Entre tanto, la diligencia quedó suspendida mientras el alto tribunal resuelve la petición de la juez, por lo que el exsenador Uribe deberá seguir privado de la libertad.
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No obstante, la juez 30 señaló durante su intervención que considera que el proceso deberá continuar bajo la Ley 906, teniendo en cuenta que Uribe renunció al Senado el pasado mes de agosto, por lo que la Ley 600 perdió competencia al dejar de ser congresista.
“La posición de la funcionaria judicial es concordante con aquella esgrimida por la Fiscalía, de la representante del Ministerio Público y de los abogados defensores del doctor Álvaro Uribe Vélez, en torno a que la actuación debe continuar ahora bajo la ley 906 de 2004, perspectiva desde la cual, claramente ostentaría competencia para resolver cualquier solicitud diferente”, señaló la juez.
En ese sentido, explicó que existe un conflicto de competencias que debe ser resuelto por el superior jerárquico es decir la Corte Suprema de Justicia.
La juez explicó que la Corte Suprema de Justicia es la idónea para clarificar si existe o no competencia y cuál es la ley sobre la que se debe adelantar este caso.
“Debe entonces darse trámite al incidente de definición de competencia, bajo el cual se ordena remitir la actuación al superior jerárquico”, dijo.
Agregó que “es a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a la que corresponde definir lo atinente a los conflictos de competencia, cuando quiera que estas no correspondan a alguna de sus salas; se dispondrá entonces a dar trámite a esta definición de competencia. Remitir a través del Centro de Servicios Judiciales a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia”.
Explicó también que hasta que no esclarezca el conflicto de competencias, la diligencia en la que se resolvería la solicitud de libertad del excongresista quedará suspendida.
Cabe mencionar que el abogado Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, considerado como víctima en el proceso, y quien argumentó que Álvaro Uribe Vélez debe ser juzgado en el sistema penal antiguo, es decir por la ley 600 de 2000, y no por el nuevo establecido a través de la Ley 906 de 2004.
“Sabemos que el artículo 29 de la constitución establece el derecho fundamental al debido proceso y dentro de él se establece que debe juzgarse con base en las leyes preexistentes al acto que se imputa y la norma en este caso concreto del congresista es la ley 600 y no la 906 de 2004; la norma tiene excepciones como la retroactividad penal de la norma favorable y el efecto general de la normas procesales y hablando de favorabilidad hay que decir que cuando coexisten dos sistemas la favorabilidad se define si y solo sí, en ambos sistemas existe la misma figura”, dijo Villalba.
Esta solicitud fue respaldada en su momento, por el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes pidieron ser considerados como víctimas dentro del proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Uribe se opusieron.
