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El gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la política de ‘Paz total’, nombró al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz a las carreras y sin una delimitación clara de sus funciones. Así lo sostuvo el Consejo de Estado.
La tesis de Petro es que el proceso de paz de la administración de Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia “aún no ha terminado”, según aseguró en sus redes sociales en julio de 2023, un mes antes de la designación de Mancuso.
El Gobierno habló de “una serie de reuniones” entre la oficina del Comisionado para la Paz y exintegrantes de las Autodefensas para conformar “mesas técnicas”, de acuerdo con la Resolución Ejecutiva 244 de 2023, que firmó el jefe de Estado.
Petro consideró, asimismo, una manifestación de octubre de 2022 de Mancuso, quien expresó “su voluntad para aportar verdad sobre el conflicto armado colombiano”, además de su “compromiso de contribuir con la agenda de paz total”.
La resolución, que terminó en los despachos del Consejo de Estado, tiene seis artículos, incluyendo el nombramiento de Mancuso, la solicitud de “suspensión de las medidas judiciales vigentes” contra el cordobés y la firma de un acta.
Fue un acto administrativo abstracto, sin muchos detalles sobre los compromisos o las funciones que Mancuso debía asumir. Así que la Sección Primera suspendió la norma, al menos hasta que termine el análisis de dos demandas.
Una resolución sin límites claros
Germán Osorio Cifuentes es el magistrado ponente de un expediente que acaparó dos nulidades contra la Resolución 244. Emitió un auto de quince páginas que la frenó, y subrayó —al menos preliminarmente— sus irregularidades.
“La designación de un gestor de paz constituye una potestad discrecional, pero dicho acto debe precisar los límites temporal, geográfico y funcional de la designación, para no lesionar los derechos de las víctimas”, se lee en el documento.
El propósito del Ejecutivo era que Mancuso contribuyera “con su conocimiento y experiencia” al diseño de “procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales". La justificación fue “general e insuficiente”, advirtió el Consejo de Estado.
La Resolución 244 de 2023 no es la única que ungió a Mancuso. Dos años después, con la 327 de 2025, el presidente Petro nombró al cordobés y otros quince exjefes paramilitares como gestores de paz para una “Mesa Técnica de Diálogo Social”.
El mandatario elaboró un comité técnico que, además de los exparas, contaba con la defensora del pueblo, Iris Marín; la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el comisionado de paz, Otty Patiño.
A Salvatore Mancuso, quien permanece en libertad, lo acompañarían Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, preso por delinquir después de su desvinculación de las AUC, y rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’, excluido de Justicia y Paz por no contribuir a la verdad.
Nombramientos de gestores que excluyen a las víctimas
Tanto el comité como la mesa tienen la tarea de “consolidar un balance integral” de Justicia y Paz, el proceso de justicia transicional que nació en 2005 luego de la desmovilización de las Autodefensas y el Acuerdo de Santa Fe de Ralito.
La defensora Marín demandó la Resolución 327, porque, así como la 244 de 2023, es ambigua: no explica “la necesidad” o “idoneidad” de crear un mecanismo que evalúe a Justicia y Paz “por fuera de las instancias judiciales y de los órganos competentes”.
El desarme masivo de las Autodefensas dejó un saldo de 35.317 firmantes, aunque posteriormente varios resultaron extraditados o volvieron al conflicto con bandas criminales o disidencias. Unos, 4,58 mil fueron postulados a Justicia y Paz.
No todas las estructuras paramilitares participaron en las negociaciones de entonces. Por ejemplo, las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) tenían disputas internas con las AUC, así que no se acogieron a Ralito.
Aun así, el presidente nombró a Héctor Buitrago Rodríguez, alias ‘El Viejo’, y Héctor Buitrago, alias 'Martín Llanos', de las ACC, lo que crea más confusión frente a las labores que deberían desempeñar para calificar un proceso del que no fueron parte.
Marín repara “la exclusión total de las víctimas” en el diseño de la resolución. “Constituye por sí sola una violación que torna altamente probable la declaratoria de nulidad”, remarca la demanda, que pide suspender el acto administrativo mientras el Consejo de Estado llega a una decisión de fondo.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz?
Porque concluyó, de manera preliminar, que la Resolución 244 de 2023 no definió con claridad las funciones, el alcance, la duración ni los límites territoriales del cargo, lo que podría afectar los derechos de las víctimas y comprometer la legalidad del acto administrativo.
¿Qué cuestionó el alto tribunal sobre la decisión del Gobierno de Gustavo Petro?
El Consejo de Estado consideró insuficiente la motivación del Gobierno para designar a Mancuso, al estimar que la resolución solo aludía de forma general a su aporte a la paz, sin explicar concretamente qué tareas debía cumplir ni cómo se garantizaría la participación de las víctimas.
¿Qué efectos tiene la decisión sobre Salvatore Mancuso?
La suspensión deja sin efectos, por ahora, el nombramiento de Mancuso como gestor de paz contenido en la Resolución 244 de 2023, mientras la Sección Primera resuelve de fondo las demandas de nulidad presentadas contra ese acto administrativo.
¿Qué otras controversias rodean los nombramientos de exjefes paramilitares como gestores de paz?
La decisión se suma a los cuestionamientos contra la Resolución 327 de 2025, mediante la cual el Gobierno nombró a dieciséis exjefes paramilitares para una mesa técnica. Las demandas sostienen que el mecanismo excluye a las víctimas, carece de una justificación suficiente y genera dudas sobre el papel que desempeñarían varios de sus integrantes.
