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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenaron a Ecopetrol entregar información a ese tribunal, en torno a las supuestas relaciones de exfuncionarios y contratistas que tuvieron vínculos con esa compañía y nexos con los extintos grupos paramilitares en el Magdalena Medio.
Esta orden fue impartida a raíz de los expedientes de Justicia y Paz y de los informes consolidados por las víctimas que originaron el requerimiento a la compañía de petróleos.
De igual forma, la JEP ordenó a Ecopetrol que antes del próximo 25 de mayo, ponga a disposición de este tribunal especial toda la información sobre las relaciones existentes entre exfuncionarios de la refinería ubicada en Barrancabermeja (Santander) y la fuerza pública.
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Esta orden fue emitida por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP que se da en el marco del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado.
Entre la información requerida por la JEP se señala la necesidad de que Ecopetrol entregue a ese tribunal copia de los convenios o documentos similares suscritos entre Ecopetrol y el Ejército Nacional, Armada Nacional y/o Policía (o Ministerio de Defensa) para la seguridad de la Refinería de Barrancabermeja entre 1988 y 2006.
Los magistrados también solicitaron convocar los balances de pérdidas económicas de Ecopetrol por hurto de combustibles entre el 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de 2005.
También reclaman acceder a la Copia de registros de ingreso al Club Miramar (sede de la refinería y campestre si existía en esos momentos) y Casa de Huéspedes, entre enero y Mayo de 1998.
La JEP solicitó información sobre los pilotos, rutas y objetivo de vuelos de helicópteros que se encontraban al servicio de Ecopetrol entre 1997 y 2002.
Además, pidió la remisión del certificado de los contratos suscritos entre Ecopetrol y varias personas como son: el entonces jefe de seguridad de Ecopetrol, Antonio Sánchez Vargas; entonces jefe de seguridad de oleoductos Galán, Marco Tulio Restrepo; entonces jefe de seguridad de refinería, José Eduardo González Sánchez y otros contratistas.
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“Datos concretos necesarios para corroborar algunas de las afirmaciones presentadas por los comparecientes en sus versiones voluntarias y en otras piezas procesales, en particular sobre: la presunta realización de reuniones entre miembros de grupos paramilitares, integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de Ecopetrol en el Club Miramar y en la Casa de Huéspedes y, sobre el uso de los helicópteros que se encontraban al servicio de Ecopetrol para el transporte de insumos ilegales para la puesta en marcha de operaciones cometidas por grupos paramilitares en la zona”, señala la decisión de la JEP.
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