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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigará, a través de la apertura del macro-caso 08, el entramado criminal en el que miembros de la fuerza pública, otros agentes de Estado, terceros civiles y paramilitares, se asociaron para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra la población civil, en el marco del conflicto armado.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de la JEP que advirtió que, tras un minucioso análisis de los informes presentados ante este Tribunal Especial, las cifras preliminares de la investigación indican que hay un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.
Así mismo, advirtieron que los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal, cuyos graves hechos están mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP.
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La magistrada Belkis Izquierdo Torres reportó que los territorios más críticos en donde preliminarmente se concentrarán los esfuerzos de esta investigación del caso 08 son: el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); los Montes de María; Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio.
“Se trata de zonas que fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. Allí confluyeron organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como pobladores urbanos de barrios populares e intereses particulares y estratégicos sobre el territorio”, indicó la magistrada Izquierdo Torres.
De igual forma, aseguró que del total de presuntos responsables mencionados en los informes suministrados a la JEP, ya 2.840 se han sometido a este tribunal, de ellos 2.812 integrantes de la fuerza pública, cinco agentes de Estado diferentes a fuerza pública y 23 terceros civiles.
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“El caso 08 avanzará de abajo hacia arriba en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales hasta llegar a los máximos responsables. Pero también de arriba hacia abajo, pues se acopiarán y analizarán elementos que indiquen la existencia de políticas nacionales oficiales vinculadas con la promoción de las autodefensas privadas, la transformación de dichos grupos en estructuras paramilitares, su evolución y confederación y la acción criminal conjunta o coordinada con agentes estatales y terceros civiles”, enfatizó la magistrada.
