La FM en Google News
Después de siete años de investigación bajo la dirección del magistrado Óscar Parra, en el Caso 08, la JEP determinó que los hechos hicieron parte de un patrón de violencia que involucró la estigmatización de la población civil y la presunta articulación entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares. La investigación identificó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a doce comparecientes de la Fuerza Pública: ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía, por hechos ocurridos entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 y sectores cercanos de Medellín.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Subcaso Antioquia del Caso 08. Según la investigación, los crímenes hicieron parte de un patrón macrocriminal caracterizado por la estigmatización de habitantes y líderes comunitarios, a quienes se señalaba de pertenecer o colaborar con las milicias. La JEP también identificó acuerdos de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
La JEP identificó una alianza entre integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares
La investigación estableció que en estos hechos estuvieron involucrados integrantes de la IV Brigada del Ejército y algunas de sus unidades tácticas, entre ellas el GAULA Militar Antioquia, el Batallón de Ingenieros número 4 Pedro Nel Ospina y el Batallón de Infantería número 32 Pedro Justo Berrío. También fueron señalados integrantes de la Regional de Inteligencia Militar número 6 y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, incluidos el Cuerpo Élite Antiterrorista y las estaciones de Policía de Belén y San Cristóbal.
De acuerdo con la Sala, estas unidades se articularon con estructuras paramilitares, principalmente con el Bloque Cacique Nutibara. La alianza habría permitido la consolidación de este grupo y de otras estructuras en la Comuna 13, en medio de la confrontación con las milicias urbanas de las FARC-EP, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo.
La JEP también estableció que se impulsó una política de estigmatización contra habitantes y líderes comunitarios, presentándolos como integrantes o colaboradores de las milicias. Según la investigación, estos señalamientos desconocieron la diferencia entre combatientes y población civil y convirtieron a sectores de la comunidad en objetivos de ataques y persecución.
En ese contexto, la Sala identificó responsabilidades dentro de las cadenas de mando de las unidades involucradas. La investigación menciona al entonces comandante de la IV Brigada, el general retirado Mario Montoya Uribe; al coronel retirado Darío Enrique Cortés Castillo, quien estuvo al frente de la Regional de Inteligencia Militar número 6, y al general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, quien comandó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Más de 890 personas fueron afectadas por los hechos investigados
Entre 2001 y 2004, la Sala determinó un universo provisional de 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y sectores aledaños. La investigación incluye 87 hechos de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 de lesiones personales, 34 de tortura, siete de violencia sexual y 380 de privaciones graves de la libertad.
La JEP también encontró actos de persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), ocurridos entre 2002 y 2004. En la primera fase del Subcaso Antioquia del Caso 08 fueron acreditadas 152 víctimas individuales y doce víctimas colectivas, que agrupan a 519 personas.
Para avanzar en la investigación, la Sala realizó 150 diligencias: 79 versiones voluntarias de integrantes de la Fuerza Pública 52 del Ejército y 27 de la Policía y 71 testimonios. Entre estos últimos se encuentran los de antiguos integrantes de grupos paramilitares, funcionarios públicos, víctimas y habitantes de la Comuna 13.
Además, fueron inspeccionados 200 expedientes relacionados con homicidios y desapariciones forzadas y se incorporaron decisiones de la justicia ordinaria y de Justicia y Paz. La investigación también tuvo en cuenta informes de organizaciones sociales y de derechos humanos, así como información de la Fiscalía sobre movilización forzada por agentes del Estado.
¿A quiénes imputó la JEP?
A ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía. Entre los máximos responsables seleccionados están los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón.
¿Qué crímenes investiga la jurisdicción?
Homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual y persecución contra civiles, en hechos relacionados con la actuación de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares entre 2001 y 2004.
¿Qué relación tiene la Operación Orión con la investigación?
La JEP estableció que durante la Operación Orión se cometieron crímenes contra la población civil y que, posteriormente, el Bloque Cacique Nutibara consolidó su control territorial, social y económico en la Comuna 13.
