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La Procuraduría anunció que los alcaldes de Ibagué, Valledupar, Riohacha y Cali, se suman a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en el listado de mandatarios que serán investigados por el hacinamiento que se registra en los centros de reclusión transitoria de sus ciudades.
Según la procuradora general, Margarita Cabello, con datos basados en visitas realizadas por el delegado para los derechos humanos, pudieron evidenciar que Valledupar es la ciudad con peor situación de hacinamiento, pues el índice se encuentra en un 930 % en la Estación de Policía La Permanente, donde se encontraron 558 PPL pese a que las instalaciones solo tienen cupo para 60 personas.
Ibagué es otro de los casos alarmantes para la entidad, pues revisaron que las Estaciones de Policía y URI, presentan un hacinamiento del 731%.
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El caso que más preocupa al organismo de control es el de la Estación de Policía Permanente Central de la capital de Tolima, de donde recibieron una tutela en la que denunciaban las malas condiciones de los reclusos, pues encontraron que 372 personas se encuentran hacinadas en este establecimiento policial, por lo que el alcalde Andrés Fabián Hurtado, deberá responder ante la entidad.
En la capital del Valle del Cauca los procuradores delegados no evidenciaron que el alcalde Jorge Iván Ospina hubiese adelantado trabajos preventivos para atender la emergencia, pues según registraron los funcionarios, los centros preventivos de Cali se encuentran en un 477% de hacinamiento.
El alcalde de Riohacha José Ramiro Bermúdez, también afrontará un proceso disciplinario, pues las condiciones de los privados de la libertad no mejoran, ya que el hacinamiento en la capital de La Guajira corresponde al 242 %.
Serán entonces cinco alcaldes de ciudades capitales de departamento que deberán afrontar procesos disciplinarios, por lo que la Procuradora General señaló que "ya es hora de irnos por la actuación disciplinaria cuando ya lo preventivo no ha tenido resultados en estas ciudades".
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Señaló directamente que estas cuatro ciudades son las más preocupantes, pues reconoció que en otros puntos del país, han evidenciado una "intensión" de trabajar para cumplir con el la función constitucional de dar garantías para las condiciones de los privados de la libertad en centros transitorios.
