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La Corte Constitucional con una votación 5 – 4 declaró un Estado de Cosas Inconstitucional lo que significa una violación masiva de derechos y crisis humanitaria, por la falta de seguridad para los excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación a la vida civil.
La Corte estudió una serie de tutelas que presentaron los exguerrilleros que permanecen en zonas de reincorporación de Nariño, Guaviare y Norte de Santander por violación masiva de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
Ellos le contaron a la Corte a través de las tutelas que han sido víctimas de riesgos y amenazas contra su vida y la supuesta falta de compromiso por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que no les ha proporcionado las medidas de seguridad que dicen necesitar.
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Según una de las tutelas, en Nariño por ejemplo, “la amenaza que se cierne sobre los excombatientes es por la presencia del grupo armado autodenominado Oliver Sinisterra y del ELN”.
De acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el 2021 se registraron 43 hechos de agresiones contra los excombatientes, pero desde que se firmaron los acuerdos, es decir desde septiembre de 2016 hasta enero de 2022, se han registrado 299 casos.
Mientras que se reportan 43 excombatientes asesinados o desaparecidos durante todo el año pasado en diferentes departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, Caquetá y Putumayo.
Precisamente, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) le solicitaron al gobierno del presidente Duque garantizar y proteger los derechos de los excombatientes de las Farc, sobre todo de cara a las próximas elecciones al Congreso y Presidenciales.
La ONU en su portal de noticias informó que Carlos Ruiz Massieu, representante del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en una intervención trimestral sobre el Consejo de Seguridad señalo que los excombatientes “como votantes, miembros de un partido, titulares de cargos locales o miembros del Congreso, los hombres y mujeres que dejaron las armas son ahora participantes activos de la democracia colombiana”.
