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Tres meses después de la parranda clandestina en la que participó el cantante Nelson Velásquez, la cárcel y penitenciaría de alta y media seguridad de Itagüí, La Paz, vuelve al centro de la agenda noticiosa. El presidente del Concejo de Medellín, a menos de media hora por carretera del municipio, denunció un supuesto plan de fuga masiva.
Alejandro de Bedout radicó la denuncia en la Fiscalía luego de una llamada telefónica en su despacho. La presunta idea estaba prevista para ejecutarse antes del 7 de agosto, el día de la posesión presidencial, y contaría con apoyo logístico externo y aparente participación de personal ajeno al establecimiento penitenciario.
“Ya tienen los hombres, tienen la plata para poder coordinar las motos de alto cilindraje, conductores y parrilleros armados para sacar a todos estos bandidos de allá. Todo está coordinado para sacar a los capos más peligrosos del Valle de Aburrá”, aseguró el concejal, que en todo caso no reveló ninguna prueba de su denuncia.
El cabildante solicitó medidas urgentes para verificar la alerta y reforzar la seguridad. El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, secundó el llamado, con una carta a la Fiscalía General de la Nación pidiendo que “se adopten con la prontitud y diligencia que el caso amerita las medidas de cuidado, prevención y revisión”.
El Inpec reforzó la seguridad de La Paz tras las advertencias y las fallas denunciadas
La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque —quien lleva aproximadamente una semana en el cargo tras la renuncia que el presidente Gustavo Petro le pidió a Jorge Iván Cuervo—, respondió. Le pidió al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) “la verificación inmediata de la información”, y la entidad dispuso varias medidas.
El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, ordenó trasladar los grupos especiales (Grope) para reforzar los puestos de seguridad en el penal. La dirección regional Noroeste del Instituto dialoga con la Policía, para fortalecer la seguridad perimetral del establecimiento, y con el Ejército, para establecer un anillo adicional de seguridad.
De acuerdo con un comunicado del Inpec, se mantendrá el “control permanente”, con 36 cámaras de monitoreo y vigilancia. La Paz solo tiene un sistema de videovigilancia remodelado desde el 30 de abril, tres semanas después de la fiesta vallenata que organizaron varios cabecillas que dialogaban con el Gobierno nacional.
El Inpec le pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en 2023 cambiar las cámaras. La Uspec adquirió compromisos contractuales que implicaban que solo al final de abril de 2026 quedarían instaladas. “Si no hubiera pasado lo de la fiesta, nadie se hubiera preocupado”, expresó el exministro Cuervo entonces.
“Coincide esa fecha con el cronograma de contratación, pero no tiene ninguna relación”, zanjó. Lo poco que se sabe de la parranda ha sido expuesto por una cámara callejera de la Alcaldía de Itagüí y por videos de teléfonos. Las investigaciones, entonces, dependen de reportes de dragoneantes procesados por sus omisiones.
Las investigaciones por la parranda clandestina siguen como telón de fondo en la cárcel de Itagüí
No había cámaras que desmintieran o corroboraran lo que los guardias y directivos del penal narren a las autoridades. Tampoco, videos claros que sirvan como material probatorio sobre la planificación del agasajo furtivo, los controles prescindidos al ingreso, la distribución del alcohol o del material técnico para el concierto. Nada.
El Inpec no quiere repetir las falencias con el supuesto plan de fuga. Guillermo Andrés González, el director regional noroeste de la entidad, viajará a la cárcel junto al coronel Gutiérrez “con el fin de supervisar y verificar los servicios y controles de seguridad”, anunció el Instituto, aunque no precisó la fecha de la visita.
“Agradecemos a la ciudadanía por hacer estas denuncias, que permiten actuar de manera inmediata y salvaguardar la institucionalidad”, remachó el boletín oficial, que indicó que González sostuvo una reunión con la Procuraduría para “establecer acciones preventivas frente a las denuncias”.
La ministra interina Rusinque, por su parte, afirmó que “toda alerta sobre seguridad penitenciaria debe atenderse con rigor, anticipación y responsabilidad institucional, sin escatimar esfuerzos”. La Procuraduría actualmente investiga a trece funcionarios de la cárcel de Itagüí por las irregularidades que desembocaron en la parranda de abril.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué se encendieron las alertas sobre una posible fuga en la cárcel de Itagüí?
La alarma surgió tras una denuncia del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien aseguró haber recibido información sobre un supuesto plan para sacar a varios cabecillas de la cárcel La Paz antes del 7 de agosto. El concejal radicó la denuncia en la Fiscalía y el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, pidió verificar los hechos, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que respalden la versión.
¿Qué medidas adoptó el Inpec para reforzar la seguridad del penal?
El Inpec ordenó el traslado de grupos especiales (Grope), reforzó los puestos de vigilancia y coordinó acciones con la Policía y el Ejército para fortalecer la seguridad perimetral. Además, anunció controles permanentes con el sistema de videovigilancia, una inspección de altos mandos en la cárcel y acciones preventivas en coordinación con la Procuraduría.
¿Qué relación tiene la alerta con la parranda clandestina de abril?
La nueva preocupación revive las fallas de seguridad que quedaron al descubierto tras la fiesta clandestina en la que participó el cantante Nelson Velásquez junto a cabecillas recluidos en La Paz. Ese episodio evidenció que el penal aún no contaba con el sistema de cámaras renovado, lo que dificultó las investigaciones y derivó en procesos disciplinarios contra trece funcionarios.
¿Qué sigue tras la denuncia sobre el presunto plan de fuga?
Las autoridades deberán verificar la información y determinar si existía un riesgo real de escape. Mientras avanzan esas indagaciones, el Inpec mantendrá las medidas extraordinarias de seguridad y la Procuraduría continuará con las investigaciones relacionadas tanto con la denuncia reciente como con las irregularidades detectadas tras la parranda clandestina.
